¡Reforma Financiera y Judicial simplemente no avanzan!
Mario Sandoval Chávez (*)
En el año 2014, se aprobó la Reforma Financiera, la que pretendía lograr un incremento de la penetración bancaria con el otorgamiento de crédito en proporción del producto interno bruto (PIB) del país, mismo que en México se encontraba en los niveles más bajos de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de países comparables, incluso dentro de América Latina.
Cuando se promulgó la Reforma Financiera, la penetración del crédito en el país se calculaba en 29% del PIB. A 8 años de distancia se ha logrado una penetración bancaria de 33%. Misma que ha sido orientada en grandes créditos, consumo e hipotecario. La crisis por la pandemia ha evidenciado que no hay orientación a créditos productivos en especial a las mipymes, ni la Banca de Desarrollo, ni la Banca Comercial lo han enfocado en sus objetivos, ambos participan en créditos a grandes corporaciones, que en el caso de la primera la aleja de sus objetivos por mandato de ley.
Banco de México con la autonomía dejó de fondear al Gobierno Federal, pero la Banca de Desarrollo ocupó ese lugar etiquetando créditos como ya se ha visto a medios de comunicación, empresas extranjeras de energías renovables, para financiar empresas que tenían vínculos con Pemex o para apoyar a empresarios afines al gobierno en turno.
La Banca de Desarrollo debe ser el factor de crecimiento que el sector productivo regional requiere, integrar a la supervisión de CNBV a FIRA (activos totales superiores a 190 mil mdp) y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (activos superiores a 54 mil mdp). Es decir, ambos representarían el 50% los activos torales de NAFIN a 2021. ¿Cuál es la razón por la que CNBV no supervisa y publica la información de ambas entidades financieras, si manejan recursos públicos? Porque forman parte del Sistema Financiero de Fomento, así las cosas, FOVI (administrado por SHF), FIFOMI, forman parte de este ecosistema financiero particular con recursos públicos administrados por Banco de México y SHCP en donde hay dependencia como la Secretaria de Economía, Sagarpa, tienen vínculos muy directos con el manejo de los recursos, por lo que son manejados con criterios discrecionales y de orientación sexenal.
En conclusión, la Banca de Desarrollo que maneja activos totales cercanos a los 2 billones de pesos a la fecha (11% del PIB), está enfocada no a poyar a las PYMES (no les llega ni el 1% del PIB con todo y Banca Comercial), sino a apoyar los intereses de sectores agrícolas ganaderos, mineros, vivienderos y empresariales AAA, que les han interesado a los ejecutivos desde los años 90s.
En el 2014, se consideró que la reforma financiera judicial, reactivaría el crédito, que el poder judicial en materias civil y mercantil, se organizaría con tribunales especializados y que eso apoyaría en dar certidumbre al sector financiero en su conjunto para dinamizar el crédito y esto impulsara el crecimiento económico empresarial y clase mediero aspiracioncita (hoy tan sensible tema). Pero la Reforma Financiera no avanzó, el Poder Judicial simplemente sigue en sus cotos de poder y continúa retrasando todos los asuntos, es una verdadera tragedia ir a tribunales por parte de las entidades financieras.
En el año 2019 en materia civil mercantil fueron 605 mil demandas presentadas en los tribunales del país el 50% de ellos en la CDMX. Debido a la Pandemia y a que los Tribunales estuvieron cerrados la mayor parte del año 2020 y aun con el proceso electrónico de juicios en línea, el volumen de demandas se mantuvo en niveles de 500 mil demandas civiles mercantiles en el año. En ese grupo se integran Juicios Hipotecarios, Arrendamiento, Ordinario Mercantil, Ejecutivo Mercantil y Especiales de ejecución de garantías.
En el país son cerca de 100 mil empleados en el poder judicial de los estados, el 5% son jueces y magistrados. Es el llamado fuero común, solo el 30% está destinado a asuntos civiles y mercantiles. De las demandas presentadas se resuelven menos del 5% con sentencia definitiva en el año, ya que el rezago acumulado que tienen de cada año refleja una cumulado de demandas activas, por lo que hay más de 3 millones de demandas en materia civil y mercantil, que no se concluyen por diversos motivos procesales y en especial por la falta de capacidad, actitud de servicio y criterio de los órganos judiciales del fuero común.
Por su parte el Poder Judicial de la Federación cuenta con 50 mil empleados, de los cuales 3,500 están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de aclarar que el Poder Judicial de la Federación, cuenta con más tecnología, mejores instalaciones y desde luego mejores percepciones que los del fuero común. Amparos Directos e Indirectos en materia civil y mercantil, fueron del orden de los 300 mil asuntos en el año 2020, se resuelven el 78% de ellos en el año.
Un asunto en primera instancia se resuelve en promedio en 3 años, entre recursos de apelación y amparo otro par de años y para ejecutar sentencia de remate de garantías otros procesos de 2 años. En promedio 7 años para ejecutar una demanda civil y mercantil, como abogado y banquero lo vivo en carne propia, nadie me puede decir que es menor a ese tiempo en México, no hay capital o negocio que aguante esa exposición en riesgos, por ello se va despacio, muy despacio y valorando con objetividad las garantías y en donde y como están.
Se pudo generar una Reforma Financiera y Judicial, pero estuvo mal implementada y ejecutada, es el reflejo del porque el crédito en especial el productivo no avanza. Hay incertidumbre al presentar una demanda, los jueces, secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas y en general el personal de tribunales, ya sea del fuero común o del federal, se han caracterizado por no dar los resultados esperados, pero no hay consecuencias. En un país con 95 millones de adultos mayores a 18 años, con un universo de empresas y personas físicas con actividad empresarial registrados en el SAT que supera los 4 millones de empresarios, son resueltos sus asuntos por un grupo privilegiado, que no tiene prisa y sabe que al final todos nos sujetáremos a su orden establecido.
Agregando también el grupo de litigantes chicaneros, que les encanta sacar costes mensuales a sus clientes, a ellos les conviene mantener los asuntos por largo tiempo, así tienen a sus ingenuos clientes aun a los del sector financiero, sujetos a sus terapias de gestión y que lamentablemente afecta al gremio de profesionales honestos.
Pediría al Ministro Zaldívar que revise las audiencias públicas en video de los Tribunales Federales Colegiados en materia civil, en especial en CDMX, es increíble que un comité de crédito de un Banco tenga mejor calidad de análisis y de temas que lo que he presenciado de magistrados ponentes y del órgano colegiado, se dedican en sesiones fast track a aclarar temas ortográficos que no deberían ni siquiera tocarse en él un asunto público, los temas de fondo, la discusión técnico jurídica brilla por su ausencia, misma que queda en la biblioteca del CFJ. Ese tipo de participación desilusiona al litigante y a las partes por el bajo nivel de los órganos colegiados en materia civil y para los sueldos y prestaciones que tienen, habría que hacer una fuerte reflexión interna.
El sector financiero va a lo seguro grandes créditos con empresas consolidadas, créditos con garantías hipotecarias seleccionadas, arrendamiento sin trasmitir la posesión de bienes o el factoraje con empresas AAA.
Independientemente de que la polémica Ley Zaldívar incomoda a unos y a otros les parece adecuada, es un hecho que debe sacudirse el poder judicial en todo el país, no se puede continuar con la pereza procesal, la corrupción, el alargamiento eterno de asuntos y la ejecución de sentencias sin fin. Los Jueces, Secretarios y Actuarios que no den buenos resultados, que no estén usando la tecnología, que no se apliquen en sus obligaciones y tiempos como lo marcan el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica de cada Tribunal y el propio Federal, no son necesarios. Hay que impulsar el cambio generacional con el uso activo de tecnología judicial y acelerar los tiempos procesales en beneficio de la mayoría que acude a resolver sus temas en tribunales y no empleados del poder judicial.
Por ello si debe haber un responsable de ejecutar y trasformar el poder judicial, nos estamos rezagando ya no solo de los países desarrollados, sino de Brasil, Chile y Colombia que han hechos mejores esfuerzos por dar certeza jurídica sus asuntos en materia financiera. Y solo tomo el tema civil mercantil, pies en materia penal, familiar y laboral, es otro verdadero viacrucis, lleno de procesos leguleyos, corrupción y de burocracia en el mejor de los casos.
Para ilustrar el tema en materia penal. En todas las cárceles de México hay 215 mil personas, 30 mil del fuero federal y 185 mil del fuero común. Todos ellos en 447 centros penitenciarios, 5 son federales y 442 son estatales y municipales incluyendo los 9 de la CDMX. Así la media es de 458 presos en promedio en cada centro penitenciario, se estima que el 50% se encuentra sin sentencia definitiva.
En un país con 126 millones de habitantes solo hay 205 mil presos, mismos que están en malas condiciones por hacinamiento y corrupción interna. En México no hay pena de muerte, pero de 2006 a la fecha hay 340 mil homicidios dolosos, una media anual de 22 mil homicidios dolosos, es decir sin pena de muerte en un periodo de 10 años se supera con homicidios dolosos a la población total de presos en todas las cárceles de México. (datos INEGI)
Brasil tiene 1 millón de presos en sus cárceles y una población de 212 millones de habitantes, Estados Unidos con 2.5 millones de presos y una población de 330 millones de habitantes. Su tasa de presos con relación a su población es mayor que la de México, sus indicadores económicos son mejores que México en los últimos años, entonces porque sus presos son mayores al nuestro. Un preso no solo lo está por delitos de alto impacto, tenemos gente por fraudes financieros y muchos por no tener una buena defensa.
La Reforma Financiera está íntimamente ligada a la Reforma Judicial, ahora ya con la avalancha mediática de las Fintech es necesario una adecuada regulación y ahí está pendiente la reforma Judicial. Con una buena aplicación de las reformas financiera y judicial, se estima que al cierre de este sexenio podría llegar al 40% del PIB la participación del sector financiero en el crédito ( la meta en 10 años es llegar a los niveles del 70% del PIB), por lo que sería de grandes oportunidades para todos, seguir el mismo ritmo, nos condena a otro sexenio sin avances en la meta y complica el crecimiento futuro del país y de los empresarios, que son los que generan empleos y esos empleos son el circulo virtuoso del financiamiento.
(*) CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
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Twitter@MarioSanFisan
