Moisés Sánchez Limón
Es conocido que, en materia de gasto público la última palabra la tienen los 500 diputados federales, a quienes la Constitución otorga la responsabilidad de analizar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, que incluye los gastos propuestos y requeridos por organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).
La semana pasada, el Consejo General del INE aprobó destinar la que el propio consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, calificó de cifra histórica por el orden de seis mil 788 millones de pesos para financiar, en 2018, a los nueve partidos políticos con registro nacional, para actividades propias y las correspondientes al proceso electoral.
Por supuesto que ese monto aprobado por el Consejo General debe pasar la aduana de la Cámara de Diputados; sin duda el cabildeo en este rubro no será como el de otras entidades públicas en la que participan, incluso, organismos privados, es decir, empresarios que son parte colateral de los dineros públicos.
Ha ocurrido que la propuesta del INE para su gasto del año fiscal no sufre mermas mayores como ocurre, por ejemplo en espacios de educación e investigación, en especial el de las universidades públicas y de las plataformas para impulsar el desarrollo tecnológico.
Recortes en partidas federales, las asignaciones a seguridad pública, en materia de salud, incluso, se avistan a partir del anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, de emprender un recorte en el gasto público del año electoral, el 2018, mas no necesariamente en los recursos para financiar el proceso del que saldrá el sucesor de Enrique Peña Nieto.
Y es que, ¿usted cree que los diputados federales con la opinión de los senadores tendrán la osadía de recortar el gasto que para sus nueve partidos habrán de destinarse en 2018?
Por eso, sonó a buen deseo lo dicho por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que el organismo promoverá debatir la reducción de los montos, a futuro, es decir, los que vengan después de la sucesión presidencial.
Bueno, es un buen deseo porque, el consejero presidente se pronunció porque prevalezca el financiamiento público sobre el privado para sostener las actividades de los partidos, es decir, mantener el estado de cosas para blindar las campañas electorales.
¿Es insultante destinar seis mil 788 millones de pesos para financiar, en el ejercicio fiscal 2018 a los nueve partidos políticos con registro? Sin duda lo es cuando se compara con el gasto aportado al combate a la pobreza; lo es cuando los contrastes de la vida cotidiana en zonas marginadas y miserables que hay en el país no tienen relación alguna con el boato y el derroche en campaña electorales.
Pero, qué se le va a hacer. Córdova Vianello recordó que el gasto a los partidos políticos lo establecen la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en términos de que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fija año con año.
Sí, pero el monto, con ciertas variantes nunca retrocede. Por ejemplo, en 2006 el gasto para los partidos políticos fue de cuatro mil 171 millones de pesos; en 2015 ascendió a cinco mil 199.
Para efecto de determinar el monto presupuestal, hay un mecanismo aritmético que en nada beneficia a los partidos pequeños, porque tiene que ver con la votación obtenida en el último proceso electoral y otros etcéteras. En fin.
Pero, cuando se trata de elecciones federales, es decir, la renovación de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, la autoridad electoral asigna financiamiento para las campañas políticas por el equivalente al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.
En la discusión del gasto para 2018, se inconformaron los representantes de partidos pequeños, porque les corresponde un monto abismalmente menor al que, por ejemplo corresponderá al PRI (mil 689 millones de pesos) y al PAN (mil 281 millones de pesos).
Es mucho dinero que prácticamente se despilfarra; es dinero público para pagar aspiraciones de poder. ¿Alguien se ofende? ¿Alguien propone una enmienda a la ley electoral que haga menos onerosa a la democracia mexicana?
El consejero electoral Ciro Murayama abogó por esos dineros para los partidos porque, adujo con alguna razón porque, si con ello se impide que busquen dinero oscuro, ilegal, “sobornos” de empresas interesadas en obtener algo a cambio, también es cierto que, dijo, “es lo que está ocurriendo, pues no hay donación millonaria desinteresada.
“Lo que estamos viendo es dinero que no sabemos de dónde viene y ese dinero, si bien no lo hemos identificado, no puede tener otro origen que empresas que tratan de influir, de obtener contraprestaciones, de tráfico de influencias”.
Tiene razón Murayama, pero ¿y? ¿Se atreverán los 500 diputados federales a reducir el monto presupuestal propuesto y aprobado por el Consejo General del INE? Es una cantidad desmesurada cuanto “histórica”. Pero… Digo.
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