Fauzi Hamdan Amad (*)
En su magistral obra Sergio Gonzalez Rodríguez analiza en su último libro “Campo de Guerra” (Anagrama 2014) el tema del narcotráfico desde una perspectiva geoestratégica, mostrando claramente cómo el mapa de México en el último decenio se transformó, a partir de las nuevas tensiones generadas no sólo por las batallas entre los distintos grupos criminales, y entre éstos y los distintos cuerpos de seguridad, sino también de los conflictos que nos ubican como teatro de operaciones en el centro de las pugnas planetarias.
A partir del análisis de buen número de informes, preparados tanto por las agencias de seguridad de México y de los Estados Unidos, como por consultorías y organismos internacionales, González Rodríguez exhibe como la presión de Estados Unidos ha sido determinante para la militarización de México.
El autor, en una parte destacada de su libro, señala: “El horizonte para México significa la normalización de la violencia comunitaria, el fortalecimiento del estado represivo y la implantación de la máquina de guerra como resultado de ser el traspatio de E.E.U.U.”
La conversión de México en este nuevo campo de guerra iniciado en diciembre de 2006, ha provocado que los ciudadanos perdamos esta condición.
Sometidos a los intereses geoestratégicos estadounidenses y a las pugnas económicas y políticas de la red formada por los criminales y quienes los combaten, concluye González Rodríguez que nuestra libertad cívica ha quedado reducida al mínimo.
Michoacán evidencia la gravedad, arraigo y combates estratégicos que se extienden más allá de la delincuencia corriente. Si se engarzan con otros sucesos en otros Estados, se podría asumir que las violencias tienen un propósito terrorista.
En este sentido el actual Gobierno saliente ha perdido totalmente el control del país. El Gobierno del Presidente Peña enfrentó a lo largo de su sexenio la mayor crisis de las últimas décadas, tanto política, social, económica, corrupción sistémica, inseguridad creciente, sobre todo los homicidios de alto impacto y desaparecidos vinculados con el crimen organizado, y para colmo, la pérdida de confianza.
Las instituciones policíacas federales, estatales y municipales muestran serias debilidades y fragilidad, unas más que otras ante la expansión de la corrupción que parece incontenible, excepto en la creación de la policía única estatal, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, acelerar la implementación a nivel federal del sistema acusatorio y juicios orales.
En su magnífico artículo titulado la “Década Sangrienta” el Dr. Jesús Silva-Herzog Márquez, hace una relatoría de la guerra emprendida hace 10 años; 10 años de retroceso moral, de creciente violencia y de muchísimas vidas perdidas y corrupción que sigue imperando entre las fuerzas policiacas y el crimen organizado, todo ello por criminalizar la marihuana y otros estupefacientes como la heroína, la cocaína y la amapola.
Como dice Jesús Silva-Herzog Márquez “…la enseñanza de estos 10 años es que el crimen ofrece fama y no castigo; que la violencia es la forma más sencilla de resolver un problema.
El político conservador que no de ja de pontificar sobre la vía bélica al estado de Derecho, contribuyendo a la más profunda regresión moral en el país de la que tengamos memoria.
El fracaso en el que sigue empeñado el gobierno actual tiene esa dimensión inconmensurable, tal vez metafísica: El mal se vuelve políticamente aconsejable cuando el Estado se somete a valentonadas sin estrategia.”
Hoy en día, somos un país más violento, más inhóspito, más corrupto, más sangriento y más bárbaro. En ese contexto tienen lugar las elecciones habiendo resultado ganador indiscutible Andrés Manuel López Obrador con una mayoría de 53%.
Arrolló de una manera espectacular y como Presidente virtual anunció 8 foros en materia de seguridad pública para pacificar al país planteando la despenalización de la marihuana, de la heroína, de la cocaína y de la amapola, como lo han venido haciendo muchos países europeos y particularmente nuestro vecino del Norte.
De manera que se controle desde la producción, comercialización y consumo, creando políticas preventivas y centros de rehabilitación para los consumidores. Estas medidas atienden al problema de fondo y gradualmente, con toda certeza, se iría reduciendo la violencia asociada con la prohibición de dichos estupefacientes.
Si no se adoptara su despenalización preventiva su combate no sería efectiva seguiría la corrupción, las ejecuciones violentas y sangrientas y las organizaciones criminales apoderándose cada vez más de territorios en donde a los particulares les exigen el pago de derecho de piso para darles protección, perdiendo evidentemente el Estado la gobernanza en muchos Estados de la República.
La OMS ha venido recomendando que los países deben desarrollar políticas y leyes que descriminalicen el uso de drogas y, por lo tanto, reducir la detención carcelaria. Este es un problema de salud y no de conducta delictiva.
(*) Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados S.C.
