Avanzan criminales en territorios indígenas
- El gobierno mantiene la estrategia pasiva en contra del crimen organizado para evitar muertes de inocentes
- Por otra parte, los grupos delictivos avanzan en territorios vulnerables donde por oponerse son asesinados con impunidad
Abigail A. Correa Cisneros
México no encuentra justicia por ninguna parte, pero se habla de ella a diario, de su ausencia, como utopía y también promesa. Es una palabra común en campañas políticas que incluso cuando no se está en proselitismo se escucha en el discurso diario de los gobernantes.
Sin andar en campo de batalla, los mexicanos corremos peligro constante de caer como moscas fumigadas en el fuego cruzado del crimen organizado, de morir por una bala perdida en un país donde se supone que la ciudadanía no tiene acceso a armas de fuego; sin embargo, muchos, por necesidad, comienzan a cargar con pistola en la ciudad y rifles en comunidades pobres y alejadas, amenazadas por los cárteles.
Hay una resistencia de las comunidades que ya no confían en la seguridad que el Estado otorga y a la que se destina un gran presupuesto que no es fructífero. La escalada de violencia no es reciente, hace más de una década que el país vive teñido de sangre, no vale la pena mencionar responsables porque de sobra sabemos que los gobiernos anteriores abandonaron al país a su suerte y en manos de criminales. Por otra parte, es válido decir que se espera un cambio con extrema urgencia, que aunque el gobierno diga que “abrazos no balazos”, algo tiene que hacer, dar la cara no sólo con la creación de la Guardia Nacional y “programas dádivas” para jóvenes expuestos a la tentación del dinero inmediato.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó en su comparecencia frente a senadores este martes, que la estrategia de seguridad “rendirá frutos paulatinamente”. ¿Cuánto tiempo es necesario para decir que hubo éxito? A casi un año del nuevo gobierno, faltan acciones concretas para frenar la violencia. Sobre todo en zonas donde los grupos delincuenciales actúan con impunidad y asesinan a sangre fría a bebés y sus madres, como en el caso del ataque contra el clan LeBarón, donde nueve personas fueron asesinadas, seis menores de edad y tres mujeres, en los límites de Chihuahua y Sonora.
Además de esta región hay otras con problemas similares, como Oaxaca y Guerrero, por mencionar un par. Las comunidades viven amenazadas y atrincheradas. En un análisis reciente de InSight Crime, organización dedicada al estudio del crimen organizado, expertos hablan de cómo estas comunidades se resisten a la violencia criminal, sus normas basadas en usos y costumbres les dan protección frente al narco. Los cárteles arrebatan sus territorios para cultivar mariguana y amapola. Esta problemática se vive en la Sierra Tarahumara en Chihuahua y La Montaña y Costa Chica en Guerrero, “regiones predominantemente indígenas, rurales y pobres en dos de los estados más violentos de México, donde el Cártel de Sinaloa y grupos criminales otrora asociados con los sinaloenses han estado inmersos en grandes guerras territoriales por más de una década”. Éstas son regiones valiosas para los cárteles porque son áreas fértiles para el cultivo de mariguana y amapola y ambas son zonas de tránsito de drogas estratégicamente importantes.
En el estudio detallan que las dos regiones cuentan además con asambleas comunitarias y autoridades locales indígenas. A pesar de estas similitudes, las comunidades indígenas en el este de Guerrero han tenido un éxito notable en resistir la penetración del narco y contener la violencia de las drogas, mientras que las comunidades en Chihuahua han sido colonizadas violentamente por los cárteles. “En concreto, entre 2007 y 2012, en los once municipios de La Montaña y Costa Chica de Guerrero bajo el control de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la tasa de homicidios asociados con el crimen organizado se mantuvo por debajo de los 12 por cada 100 mil habitantes. Esta cifra contrasta con los más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes en la Sierra Tarahumara”.
El informe contrasta la región de Oaxaca, particularmente la Triqui, donde, detalla, se han vuelto grandes productores de opio y marihuana, a la vez que la violencia criminal se ha extendido por todo el estado.
Pero el crimen organizado no sólo tiene en la mira las tierras fértiles, también ven ganancias en megaproyectos empresariales que contratan a sicarios para amedrentar a los habitantes que les estorban para hacerse de terrenos ricos en minerales, madera o agua.
La mayoría de los pueblos originarios viven bajo la amenaza de los grupos criminales en estados como Guerrero, Sonora, Baja California, Jalisco, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Morelos y Sinaloa. Un reportaje de Contralínea detalla que el Cártel de Sinaloa le disputa territorios a decenas de comunidades de nueve pueblos, tribus o naciones ubicadas en 14 municipios de siete entidades. El Cártel de los Beltrán Leyva, por su parte, tiene enfrentamientos con cientos de comunidades de seis grupos étnicos ubicadas en 21 municipios de cuatro estados. Más de 200 comunidades están sitiadas desde hace 4 meses por paramilitares de esta organización, hoy fragmentada en varios grupos.
El CJNG mantiene en la zozobra a comunidades de cinco tribus, pueblos o naciones en 10 municipios de dos estados de la República. Los Zetas asolan a comunidades de tres etnias en cuatro municipios y tres estados. La Familia (antes Michoacana) pelea territorios a comunidades de cuatro etnias en cuatro municipios de dos entidades federativas.
Los Caballeros Templarios intentan someter a tres pueblos, tribus o naciones de tres municipios de tres estados. El Cártel del Golfo realiza incursiones en territorios de una etnia en un municipio. El Cártel de Juárez, en comunidades de un municipio. El de Tijuana disputa el territorio a un grupo étnico de tres municipios de un estado de la República.
En México se sigue viviendo una guerra a pesar de que el Estado agita su bandera blanca. A estas alturas es una masacre en territorios donde las comunidades originarias se niegan a desaparecer o a entregar sus tierras, abandonados en su lucha desde hace años.
