Justicia y gracia, ya de salida
Moisés Sánchez Limón
Cuando llegamos al Vado de Aguas Blancas en la lluviosa mañana del sábado 29 de junio de 1996, estaba fresca la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, presentada el 11 de marzo de ese año.
Un par de días después, mediodía soleado, el gobernador sustituto Ángel Heladio Aguirre Rivero andaba de gira en el autobús oficial y más que de su antecesor, a bordo del vehículo con aire acondicionado hablamos de la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario precisamente en el Vado de Aguas Blancas.
Corría la administración federal de Ernesto Zedillo Ponce de León. Una colega y yo fuimos enviados por el debutante diario La Crónica de hoy a la cobertura de esa irrupción del EPR que llegaba a competir en influencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El país salía a duras penas de la crisis económica provocada por el error de diciembre de 1994 y, a Ernesto Zedillo se le complicaba la gobernanza pero…
Mire usted.
En esto de las impunidades, la amnesia política suele aplicar la ley selectivamente y deja en la opacidad del olvido la lección histórica para repetirla como algo novedoso.
Pero siempre impune cuando se trata de proteger con el manto del poder máximo a los amigos, compadres y socios como un pago de favores no escriturados.
Y no, no se trata de calificar y decir si los gobiernos anteriores a este de la entelequia llamada 4T fueron peores o justicieros.
Lo cierto es que por motivos políticos, cobros de facturas y el necesario manotazo en el escritorio del Presidente en turno, para poner orden y demostrar quién manda, la historia del México posrevolucionario está llena de ejemplos varios que hoy siguen el mismo cartabón.
¿A poco no?
Y el caso de la caída de un gobernador como la renuncia por motivos personales de un integrante del gabinete, no sorprendía; aunque quizá sí en tratándose de quien o quienes eran considerados intocables, amigos del Presidente.
Años después, nuevamente en el cargo, pero ya como gobernador constitucionalmente elegido, Ángel Heladio se jactaría de ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Y no fue a prisión por su presunta responsabilidad en la masacre de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la noche del viernes 26 de septiembre de 2014.
Refrescar o sacudir la memoria tiene el objetivo del mentís al gobierno del licenciado López Obrador que presume de probo, honesto, incorruptible y transparente, cuando la realidad cotidiana lo exhibe en el antónimo de las que se consideran virtudes mas el diablo del poder político las pervierte y terminan en más de lo mismo.
Por eso es importante recordar lo ocurrido el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, donde una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR) apareció públicamente, por primera vez, el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario luctuoso de la matanza de 17 campesinos.
La presión política y social llevó a Ernesto Zedillo a pautar la caída de Figueroa, mediante el encargo de la investigación de la matanza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una comisión especial que reabrió el caso, porque la autoridad jurisdiccional guerrerense había determinado cerrarlo.
Así, el lunes 11 de marzo de 1996 Rubén Figueroa Alcocer pidió al Congreso estatal una licencia indefinida al cargo que, por ser de elección popular, no es renunciable.
¡Ah!, dice el licenciado Andrés Manuel que no se parece a los de antes y toca madera. Bueno, bueno, en efecto: no se parece a los de antes porque hoy la divisa es la máxima juarista: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.
Así, ya de salida, en la ruta crítica del último año y medio como dueño absoluto del poder público en México, Andrés Manuel ha entrado en el frenesí de decisiones y órdenes que se imaginan ocurrencias de ese sueño que se vive en la soledad de la oficina principal de Palacio Nacional, su Palacio hasta octubre de 2024.
Y no admite culpas. Es prístino, honesto, transparente…
En ese trance del poder que se le diluye, determinó desmantelar al Instituto Nacional Electoral y restar autoridad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amén de extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que, por decreto, nació el 11 de junio de 2002 como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
El objetivo fue dotar al ciudadano de la herramienta para abrir la opacidad gubernamental. Y ese tema no agrada al licenciado López Obrador, amante de la opacidad, enemigo de quienes preguntan y hurgan en el gasto público. ¡Faltaba más!
Pero…
Le digo, esto de la amnesia selectiva ocurre en ese espacio presidencial y Su Alteza Serenísima olvida que, mediante la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la noche del lunes 22 de noviembre de 2021 decretó como de interés público y de seguridad nacional, la realización de proyectos y obras prioritarias y estratégicas del gobierno federal… sólo durante su administración.
Con ello, ¡recórcholis, Batman!, nadie puede meter la nariz en obras como el trenecito Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas, por citar las más relevantes obras estrella de la 4T.
Pero fíjese que ello contraviene a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del INAI, por cuanto a que, en la información reservada se podrá incluir aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. ¿El trenecito es de seguridad nacional?
El INAI le estorba y lo de Notimex tiene matices de capricho personal y el encubrir a Sanjuana Martínez quien, por ley, debe rendir cuentas de gastos millonarios; ejerció presupuesto cuando la agencia está en huelga.
Y qué le parece el galopar del caso Segalmex en lomos de la multimillonaria corrupción cometida por integrantes de la Pandilla del Poder.
¿Por qué no se actuó desde el 24 de enero de 2019 cuando Enrique Manuel J. Sada Fernández presentó denuncia ante el Auditor Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República por los actos de corrupción que ocurrían en la naciente Seguridad Alimentaria Mexicana y de los que estaba enterado su director Ignacio Ovalle Fernández?
Permítame retomar lo referido en este espacio, el pasado 14 de marzo del año que corre:
“En julio de 2018, Sada Fernández fue invitado por Ignacio Ovalle Fernández a ser director de Liconsa y luego despedido cuando denunció la corrupción que se gestaba en la naciente Segalmex.
“¿Por qué hasta hoy se atiende el caso? ¿Justicia y gracia para Ignacio Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño?
“A Felipe Calderón se acusa de haber soslayado y permitido el libre ejercicio de corrupción de Genaro García Luna; asunto de omisión que implica complicidad.
“¿En cuatro años, el licenciado presidente y su secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula no se enteraron de este enorme boquete a las finanzas públicas vía Segalmex en las administraciones de Ovalle y de Cota?
“¡Ah!, por cierto, Ignacio Ovalle Fernández fue director de la Conasupo, del Sistema Alimentario Mexicano y del Coplamar que casualmente danzaron al ritmo de la corrupción y el fracaso”.
¿No es igual a los de antes? ¡Nooo!
Nacho ha corrido con suerte, también Cota y otros altos funcionarios de la 4T que no han sido tocados ni por la foja de una sentencia de prisión. Primero los canijos chivos expiatorios. Las escaleras de la corrupción se barren de abajo hacia arriba. Digo.
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