Moisés Sánchez Limón
El ordenamiento legal instruye que los delincuentes tienen carácter de presuntos hasta en tanto un juez no declare lo contrario. Por supuesto, ello pone a salvo los derechos de los ciudadanos frente a linchamientos públicos cuando se les acusa de la comisión de un delito.
Sin embargo, esa presunción de inocencia suele convertirse en manto de impunidad contra delincuentes de cuello blanco, estos funcionarios públicos y privados que cuentan con abogados de caros despachos o influencias tales que les permiten enfrentar procesos fuera de prisión, salvo aquellos que son candidatos a chirona merced al cobro de facturas políticas.
¿Por qué en el Congreso de la Unión persiste el desacuerdo para nombrar fiscal anticorrupción? Legisladores que no avalan el dictamen correspondiente, el asunto es de carácter conceptual y no de fondo; es decir, en lo general hay acuerdo mas existen particularidades que frenan el consenso.
En ese tema como en el caso del Fiscal General de la República y la Ley de Seguridad Interior, de poco han servido foros y aportaciones de expertos, discusiones de académicos y apremios de legisladores porque ha pesado la negativa a entrar a los consensos porque cada partido, cada grupo parlamentario y diputado y senador en lo personal tienen su opinión, discrepante.
Por eso la Auditoría Superior de la Federación avanza a paso lento y no escala con el apremio que implica la galopante corrupción de cuello blanco para atacarlo y atajarlo.
Mal endémico, el de la corrupción no tiene freno y cíclicamente se despliegan medidas que a la postre resultan insignificantes paliativos para combatirla. Asunto piramidal que sexenalmente es lema de campaña, oferta del maná que caerá del cielo para enviar a los corruptos al purgatorio.
La creación de la Auditoría Superior de la Federación, hace tres lustros, fue un objetivo largamente perseguido por la oposición partidista en el Congreso de la Unión, como un ente que supliera a la poco confiable Contaduría Mayor de Hacienda que, en la Cámara de Diputados tenía la responsabilidad de auditar el uso del gasto público pero, carente de las atribuciones fiscalizadoras vinculatorias sus sanciones no pasaban de ser enunciativas. O de plano se le utilizaba para el cobro de facturas políticas.
Y mire usted, finalmente la ASF ha enfrentado recurrentes escollos como el hecho de auditar el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta con dos o tres años de retraso, precisamente cuando los delitos prescriben.
Esta semana, Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación fue a la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Vigilancia le entregara las conclusiones y recomendaciones del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, entregado en febrero pasado. Sí, señoras y señores, ¡de la Cuenta Pública de 2015 que se entregó hace cuatro meses!
¿Qué dicen los legisladores? Bueno, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas, quien ya pasó por Convergencia y Movimiento Ciudadano para aterrizar en el PRD, del que hoy es diputado federal, con una parada en el gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, hasta hace poco, urgió al Senado de la República a nombrar el Fiscal Anticorrupción en un periodo extraordinario para, adujo, transitar a un combate efectivo de la corrupción que se caracterice por la aplicación de sanciones.
Pero, don Luis Maldonado aceptó: “Probablemente no tengamos la capacidad de acabar con la corrupción, pero lo que sí podemos es terminar con la impunidad”. ¡Vaya!, corrupción es sinónimo de impunidad, pero el diputado perredista, presidente de la Comisión responsable de vigilar que se cumpla con la ley en materia de gasto público dice que no se puede.
Pero don Luis se echó la puntada de decir que, una vez que el Fiscal Anticorrupción sea designado, en la Comisión de Vigilancia se diseñará un formato de comparecencia, para que acuda a informar “en qué terminan las denuncias de la ASF, que nunca concluyen con las acciones efectivas de sanción a los inculpados”. ¡Sopas!
Y, vaya, diputados de diferentes grupos parlamentarios de plano restaron capacidad sancionatoria a la ASF porque su trabajo no sirve si las instancias de procuración e impartición de justicia no sancionan.
En ese escenario, el auditor Juan Manuel Portal Martínez dijo que hay un rezago importante en la aplicación de sanciones, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, por mal uso de recursos públicos.
Acusa que la lentitud de la Procuraduría General de la República, en el desahogo de las denuncias, ha permitido que algunos responsables evadan la justicia, como ocurrió en su momento con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Luego fue a los números e informó que la ASF anda por ahí de las 740 denuncias presentadas en los últimos tres años, pero sólo se han resuelto cerca de 30. Adelantó la posibilidad de que este año presente otras 300 o 400 correspondientes a la Cuenta Pública 2015. ¿Rumbo al archivo de los delincuentes de cuello blanco, impunes?
Portal Martínez dice que es urgente poner en marcha la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y las unidades de investigación y de sustanciación de los procedimientos, para agilizar la presentación y resolución de las denuncias.
Lo cierto es que esto de la invocada campaña contra la corrupción de cuello blanco se encamina al ciclo que concluye en la impunidad. ¿Fiscal Anticorrupción después del 4 de junio? Lo dicho, todo depende de la voluntad política. Conste.
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