El presidente López Obrador está más que seguro que con el dominio que tiene sobre el Congreso no requiere de contrapesos ni negociaciones que le pueden resultar innecesarias o molestas, por lo que se ha dado a la tarea de desmantelar y desaparecer instituciones y organismos autónomos
Agustín Vargas
Como lo prometió desde hace casi 16 años y sentado ahora en la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador está mandando al diablo a las instituciones, primero recortándoles presupuesto y ahora desapareciéndolas.
En 2005 Andrés Manuel López Obrador, en su discurso ante el Congreso, contra la maniobra legal que pretendía desaforarlo como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lacónico enfatizo: “Al diablo con sus instituciones”.
Como titular de la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal había violado un amparo y se buscaba sujetarlo a proceso penal por ese delito para impedir su candidatura a la presidencia en las elecciones del año 2006.
La frase de López Obrador, por supuesto, fue una manifestación de protesta. Hoy es parte de su proyecto de gobierno, que pretende sustituir el orden institucional vigente por otro que nadie sabe a ciencia cierta hacia donde derivará, aunque el desmantelamiento ya está en marcha.
El decreto de “austeridad republicana” emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de abril de 2020, prácticamente paralizó la operación del gobierno de México ese año, pues quitó tres cuartas partes del presupuesto para insumos básicos de trabajo como luz, agua, gas, internet, renta de inmuebles y equipo, combustibles, mantenimiento y hasta seguros de bienes, medicinas y productos farmacéuticos, lo que generó una espiral de caos.
El ordenamiento contempló el recorte a partir de mayo del 75% de los gastos operativos de toda la Administración Pública Federal (APF) aun cuando ya estaban comprometidos en contratos; es decir, las partidas 2000 de Materiales y Suministros y el 3000, de Servicios Generales.
De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto de la APF, el capítulo 2000, Materiales y Suministros, incluye todo lo referente al material para la operación de oficinas: papelería, computadoras, fotocopiadoras, materiales y útiles de enseñanza para escuelas, alimentos para el Ejército y Fuerzas Armadas y para la población en caso de desastres naturales, medicinas y productos farmacéuticos, combustibles, lubricantes y aditivos, mercancías para su comercialización en tiendas del sector público (como Liconsa y Diconsa), material eléctrico y de construcción o reparación, uniformes y materiales para seguridad, herramientas y refacciones.
El capítulo 3000 referente a Servicios Generales contempla los pagos de energía eléctrica, gas, internet, telefonía, agua, servicios de comunicaciones y satélites, mensajería, todo tipo de arrendamientos de inmuebles, equipos de oficina e instrumental médico, transporte y maquinaria, servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, capacitación, investigación científica y desarrollo, seguros de bienes patrimoniales, traslados y viáticos, entre otros.
Gobierno sin intermediarios
El asunto no para con el recorte presupuestal. La animadversión gubernamental hacia las instituciones y los organismos autónomos se ha agudizado en las últimas semanas con la amenaza del presidente López Obrador de desaparecerlos, bajo la excusa del ahorro para el erario.
El mandatario señaló explícitamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al instituto regulador de telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión de Competencia (Cofece). Cabe señalar que el gasto de estos tres organismos equivale a menos del 0.05% del presupuesto federal; menos de una décima de punto porcentual de los ingresos tributarios.
Es evidente que el mandatario no quiere intermediarios, pues está más que seguro que con el dominio que tiene en ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senadores) no requiere de contrapesos ni negociaciones que le pueden resultar innecesarias o molestas, erigiéndose así como el intérprete único del pueblo, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Sin duda es necesario hacer algunos ajustes a los órganos independientes, pero eliminarlos es a todas luces inapropiado. En ello, la amenaza a la existencia del INAI resulta especialmente preocupante, por su papel en la tan subrayada y anhelada desaparición de la corrupción, destacó el organismo.
La verdad es que hay fuertes indicios de que esa desaparición no parece llegar, aunque el discurso oficial insista frecuentemente en el éxito en la erradicación de la corrupción.
A ello se refieren las encuestas independientes, los datos del Inegi y diversas investigaciones, las cuales muestran que la corrupción sigue en los mismos niveles que en anteriores sexenios y que hay indicios claros de actos de corrupción en las altas esferas, incluyendo miembros del gabinete y familiares.
Algunos especialistas señalan que jurídicamente es incorrecto pretender que la actividad del INAI sea simplemente trasladada a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, ya que el instituto cuenta con las competencias necesarias para actuar con autoridad suficiente frente al Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, la administración pública federal y los demás organismos autónomos. Una secretaría del Ejecutivo no podría actuar frente a esas autoridades del Estado.
Uno de los temas más relevantes para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho tiene que ver con la transparencia en la asignación de los contratos públicos. Sin dicha transparencia la economía continuaría expuesta a la corrupción y acciones oficiales que pueden caer en terreno de lo ilegal.
Adjudicaciones directas, abuso
En este sentido, sobresale el abuso en la presente administración de las adjudicaciones directas y de invitación restringida a tres postores, que de acuerdo con la ley deberían ser excepcionales. Datos oficiales, citados por el Ceesp, revelan que el 2020 fue el año en el que se autorizaron más contratos por asignación directa (80.3%), superando a 2019 cuando el porcentaje fue de 78.1%, que ya había sido el récord desde que se cuenta con esa información.
Los contratos asignados directamente totalizaron un monto de 189 mil 500 millones de pesos, que representaron el 42% del total del valor de las contrataciones públicas. Esta proporción superó por primera vez a la que se sujetó a licitación pública (el resto correspondió a invitación restringida).
Cabe subrayar que la razón de la alta proporción de contratos asignados directamente no fue por la urgencia de la pandemia. El 73% de las asignaciones correspondieron a obra pública.
Otro caso de opacidad en el que la exigencia civil de transparencia a través del INAI es sin duda relevante, es el de los contratos para la adquisición de las vacunas para la Covid-19.
Simplemente no se entiende la razón por la que los detalles, las condiciones, de dichos contratos no pueden darse a conocer.
Intromisión en Banxico
Una iniciativa de ley que se ha interpretado como una intromisión importante en los organismos autónomos a nivel constitucional es la presentada por el senador Ricardo Monreal en noviembre pasado. Se trata de una reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
Como parte de su justificación se argumenta que a algunas instituciones financieras y migrantes que regresan al país se les dificulta cambiar dólares en efectivo.
La reforma busca, por un lado, facilitar la compra de divisas en efectivo por parte de instituciones financieras en el país y, por el otro, absorber el excedente de dólares que no logren repatriarse a su país de origen mediante su integración a las reservas internacionales del país.
Este proyecto obligaría al Banco de México a comprar dólares en efectivo que no pueden regresar al país de origen y que terminen en las reservas internacionales.
Diversos analistas coinciden en que con esta obligación, se comprometería la autonomía del Banco de México al impedir que pueda definir de manera autónoma sus operaciones activas y pasivas.
El propio el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, reconoció la inconveniencia de dicha reforma y señaló que el problema de la captación de divisas provenientes de remesas en efectivo puede resolverse mediante cambios operativos y administrativos, que no ameritan una reforma a la Ley del Banco de México.
De acuerdo con el funcionario, únicamente 0.7% de las remesas que ingresan al país corresponden a dólares en efectivo; la mayor parte ingresa mediante trasferencias electrónicas.
También señaló que el manejo del excedente de dólares en efectivo por concepto de remesas no se trata de un problema sistémico, ya que solamente un banco mexicano enfrenta problemas para la captación y manejo de divisas mediante el servicio de corresponsalía en el extranjero.
La expedita opinión en contra de la iniciativa de los especialistas en banca central nacionales e internacionales, que consideran a esta iniciativa como un golpe a la autonomía del Banco Central, además de hacerlo un posible coparticipe del lavado de dinero, contribuyó para que su análisis por parte de la Cámara de Diputados se pospusiera hasta febrero, toda vez que en esta ocasión el Senado la aprobó primero en diciembre pasado.
Los organismos autónomos velan por las políticas de Estado y son característicos de las democracias modernas. México ha construido varios órganos independientes, que la sociedad debe defender y aquí es importante subrayar que la amenaza al INAI es particularmente preocupante por el combate a la corrupción y porque, en efecto, muchas instituciones se están yendo al diablo, sin que aparezca todavía la transformación prometida.
