- Remueven a Vargas Valdez en el TEPJF, entra Reyes Rodríguez
- Crisis constitucional del organismo que valida elecciones
- Disputa de grupos políticos, detrás del conflicto
Juan Barrera Barrera
Lo que nos faltaba. Después del desabasto de medicamentos a nivel nacional, de la nueva ola de la pandemia sanitaria provocada por las nuevas variantes del coronavirus y del desabasto de gas en el Valle de México, ahora se agrega un conflicto en el seno, nada más ni nada menos, que en el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lo que parece ser su peor crisis.
El miércoles en plena sesión del órgano jurisdiccional un grupo de cinco magistrados, de siete, que integran esta instancia fue removido de la presidencia el Tribunal José Luis Vargas Valdez, quien se había negado a discutir su desempeño, lo que lo llevó a suspender la sesión.
Sin embargo, los magistrados opositores reanudaron las actividades de la Sala Superior para acordar la remoción del impugnado. En esa sesión virtual que fue presidida por la magistrada Janine Otálora Malassis por ministerio de ley por ser decana, a la que Vargas y la magistrada Mónica Soto se negaron a participar, fue elegido por unanimidad Reyes Rodríguez Mondragón.
En respuesta el magistrado removido acusó actitud golpista de sus pares y usurpación de funciones, argumentando que la ley no contempla la destitución o remoción del mandato, ya que esta situación sólo puede ser por tres motivos: término de periodo, por fallecimiento o por renuncia. Vargas Valdez asegura que no va a dejar el cargo hasta noviembre de 2023, periodo para el que fue electo, pero que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el diferendo.
El TEPJF sufre su peor crisis de credibilidad
El conflicto sin duda ha metido al órgano jurisdiccional, encargado de validar las elecciones, en una crisis interna que para algunos especialistas es institucional y para otros es eminentemente constitucional, pero lo cierto, más allá de las pruritos legales, la crisis del TEPJE puede afectar la certeza en los juicios por resolver de los comicios del 6 de junio que está procesando en pleno proceso post electoral y que pueden alargarse.
Cómo puede el órgano autónomo garantizar la certeza en las reglas electorales cuando cuenta con dos presidentes de la Sala Superior que desconocen mutuamente su investidura, pero que sostienen que están legalmente habilitados y entonces la pregunta lógica es cuál de las dos firmas va a ser reconocida. Tanto Reyes Rodríguez como Vargas Valdez podrán convocar a sesiones, pero no asistirán salvo a la que presidan cada cual. Gravísimo problema en el interior que afecta la fortaleza del órgano de dar validez de los procesos electorales y, al mismo tiempo, asesta un fuerte golpe a la democracia mexicana.
Además, el Tribunal Electoral agrega a su incómoda situación pública, una crisis de credibilidad por la cadena de roces que venían escenificando los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, desde hace por lo menos un par de años y que ahora se agravaron por las investigaciones que enfrenta el depuesto Vargas, acusado de enriquecimiento inexplicable.
El órgano jurisdiccional ha perdido igualmente el liderazgo, necesario para la construcción de consensos en los temas que tiene que dirimir. El magistrado Rodríguez Mondragón dice que la tarea inmediata es recobrar la confianza que se perdió con Vargas, reconstruir la legitimidad y la confianza pública.
Dos presidentes del TEPJF sin credibilidad
De qué manera se puede recobrar la legitimidad y la confianza pública, cuando los dos presidentes del TEPJF carecen de credibilidad. El viernes de la semana pasada un juez ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Vargas se defiende asegurando que su patrimonio es de origen lícito y que no litigará en los medios de comunicación.
La presidencia del removido José Luis Vargas ha sido muy polémica desde que asumió el cargo en 2019, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ha sido acusado por los magistrados opositores de intentar secuestrar al Tribunal Electoral con sus acciones unilaterales para decidir que asuntos se discuten en el pleno y cuáles no.
Se le ha denunciado públicamente de exigirle a los magistrados que le entregaran por escrito en qué sentido votarían los casos antes de la sesión o en su caso la suspendería; el manejo discrecional presupuesto del TEPJF; sobre el asunto de la paridad de género en las elecciones para 15 gubernaturas o las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón de Morena en los estados de Guerrero y Michoacán.
El llamado “magistrado billetes” tiene un panorama legal muy complicado y reabre la discusión sobre los señalamientos de corrupción en este tipo de órganos independientes, cuyos letrados deben observar una conducta pública sobria y manejarse por los canales estrictamente legales.
A Reyes Rodríguez Mondragón creo que su pasado público no le ayuda mucho por su relación muy cercana con el panista Roberto Gil Zuarth, también investigado por la UIF; y su paso en los gobiernos de Felipe Calderón y en el de Vicente Fox Quesada en la secretaría de Gobernación y en la presidencia, así como en la Suprema Corte de la Nación y en el INE con Luis Carlos Ugalde. Su labor terminará en 2024 y le corresponderá la validación de la elección presidencial.
Rodríguez Mondragón también tiene lazos con el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala (se sabe que su sobrino Juan Ignacio Zavala Gutiérrez trabaja con el letrado), enemigos de la 4-T, y fue uno de los magistrados que se opuso a negarle el registro al partido México Libre de los ex panistas. Demostrará el magistrado la ética suficiente, a la hora de calificar las elecciones, de votar en forma imparcial. Ya veremos.
El presidente López Obrador propone que renuncien todos los magistrados, quienes se beneficiaron del alargamiento de su mandato en la administración de Peña Nieto y los partidos que lo aprobaron la medida (PRI y PAN) han enmudecido, pues ellos eligieron a los togados. El senador de Morena, Ricardo Monreal, es de la opinión que el Legislativo debe intervenir en el conflicto interno del órgano jurisdiccional.
En fin, el Tribunal es ahora parte de la rebatinga política, pero ciertamente necesita una renovación a fondo, la pregunta es encontrar el mejor método para la elección de los magistrados.
