- Texcoco: confrontación Estado-empresarios
- El poder del Estado ya no se compartirá
- La sociedad demanda estabilidad, no confrontación
Juan Barrera Barrera
En una demostración de fuerza el presidente electo mandó una señal muy clara a los hombres del poder económico (una “minoría rapaz”) cuando el lunes pasado anunció la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, la obra magna de Enrique Peña Nieto. El Estado deja de ser representante de los capitalistas y recobra su papel de árbitro.
AMLO se había referido previo a la cuestionada consulta (porque careció de seriedad metodológica, sin sustento jurídico, porque no fue un ejercicio democrático, entre otras razones que especialistas han documentado durante esta semana) de la necesidad histórica de separar el poder del Estado del poder económico.
Vimos a un López Obrador muy desafiante, triunfalista, hasta arrogante después de que se dieron a conocer los resultados de la “consulta popular”, en la cual no votó ni el 1% de los electores y que ganó, claro, el Sí por Santa Lucía. El ejercicio nos dejó por lo menos una lección didáctica pensando que en México el poder político y económico por norma desdeña la opinión de los ciudadanos.
El Estado manda sobre el poder de los mercados
El político tabasqueño fue claro en las señales que mando a los dueños del capital, a los mercados: que como presidente no estará supeditado ni será el guardián y promotor de los capitales; que el Estado será respetuoso de sus inversiones, pero que el interés nacional privará sobre los particulares; que el cambio de régimen va en serio; que en su gobierno el pueblo, la mayoría, es el que manda, no la burguesía, la minoría.
En un mensaje por video se le vio con un libro al lado cuyo título es muy sugerente ¿Quién manda aquí? (la crisis global de la democracia representativa). Ya no habrá cogobierno, el poder no se comparte. Cada quien tendrá su lectura de este manotazo a la élite empresarial que cimbró las estructuras de poder de los grandes organismos empresariales.
La correlación de fuerzas ha cambiado. Ya no habrá negocios jugosos bajo el amparo del poder político para unos cuantos, para los amigos y familiares. Eso creemos. Pero no podemos acostumbrarnos, como quiere López Obrador, a ejercicios de democracia participativa a modo y al gusto del poder político y justificar sus políticas públicas.
El presidente electo contaba con la fuerza legal del poder popular (el 53% de los votos le otorgaban suficiente legitimidad para desde la presidencia, de acuerdo a sus facultades constitucionales, haber decidido la suerte del aeropuerto sobre el raquítico 1% de la consulta), del poder del Estado y ante cualquier embestida de los poderes fácticos la movilización de las masas. ¿Quién se atrevió a decir que la lucha de clases ha muerto?
Históricos enfrentamientos Estado-capital
Lo sucedido el lunes nos recuerda otros desencuentros entre los empresarios y el Estado. Durante la tercera transformación, para decirlo en conceptos de Andrés Manuel López Obrador, los empresarios cuestionaron las reformas cardenistas porque las consideraban socializantes, lo mismo que la creciente intervención del Estado en la vida económica, “al que se acusó de atentar contra la existencia misma de la democracia y de la iniciativa privada”.
El presidente Lázaro Cárdenas les respondió al empresariado nacional que “El Gobierno es el árbitro y regulador de la vida social”, y que “El gobierno está interesado en acrecentar las empresas no agotarlas”. Fue Cárdenas quien a instancias del gobierno organizó a los empresarios en los organismos que ahora conocemos.
Otros dos enfrentamientos destacados en la relación Estado-empresarios. Por razones político-ideológicas el régimen de Luis Echeverría enfrentó al poderoso Grupo Industrial Alfa (regiomontano), ligado ideológicamente al PAN. El gobierno recurrió al movimiento obrero corporativizado como una demostración de fuerza contundente. En 1982 el presidente José López Portillo asestó un duro golpe a la patronal al nacionalizar la banca mexicana, lo que llevó a una crisis de confianza de los industriales que se expresó en la salida de capitales generando una de las peores crisis económicas de México.
La sociedad urgida de estabilidad, no de confrontaciones
Bien por la decisión de López Obrador de marcar línea entre el poder económico y el poder del Estado, pero no debe olvidar que gobernará a un país capitalista, muy complejo, por eso debe pensar y sopesar sus formas y estilos de gobernar que pongan en riesgo el poder del Congreso por consultas de fachada, pues también desde el legislativo se gobierna.
Todas las acciones, en este caso de quienes detentan el poder, tienen consecuencias. López Obrador ha minimizado los impactos financieros negativos inmediatos que deberá asumir el próximo gobierno por la cancelación del aeropuerto de Texcoco (una obra de 13 mil millones de dólares) porque representaba un foco de corrupción. El presidente electo ha afirmado a los inversionistas que serán indemnizados y se les invitará a participar en el proyecto de Santa Lucía, pero sobre nuevas reglas, más transparentes. Que no sean solo palabras para calmar a los mercados.
Ante los riesgos externos que representa para la economía mundial la pugna comercial Estados Unidos-China y el éxodo de migrantes centroamericanos en su paso por territorio nacional, un conflicto interno entre el Estado mexicano y el sector empresarial sería catastrófico.
López Obrador tiene que dar señales de que puede gobernar para todos, que puede ser un factor de unidad y de cohesión social para una eficaz gobernanza, no de confrontación ni de discordia. La política es el arte de saber atraer, sumar, no dividir. Ya entendimos que el Estado recobra su autonomía frente al poder económico y su papel de árbitro de la vida social. La sociedad está urgida de estabilidad social y eso pasa por el buen entendimiento entre el Estado y el capital.
