Economía, Negocios y Política que interactúan en México
Mario Sandoval Chávez
La situación económica mexicana en lo macro si bien estable y destacada en varios rubros relevantes como las reservas internacionales superiores a los 200 mil mdd o bien al último desempeño reportado en el PIB con un 3.9% anualizado y que se estima mantendrá un buen nivel, ello pese a los nubarrones del entorno internacional, sin embargo, hay que precisar sí ese desempeño es producto de políticas públicas o por efectos externos, como lo son las exportaciones a los USA y las benditas remesas.
Sin embargo nuestro PIB es sustancialmente bajo con relación a nuestros socios comerciales, las cifras en miles de millones de dólares muestran a USA con 23,315 mientras México apenas logra 1,200; Canadá con 2,000. Es un tema de desigualdad que se agudiza por regiones del sureste y el centro y norte del país.
El constante debate y polémica sobre las decisiones y acciones del ejecutivo, no son parte del ambiente más propicio para inversión y crecimiento, pero la geografía y logística en especial del norte y centro del país, que no fueron creadas ni impulsadas en esta administración, le han dado crecimiento en especial por el sector automotriz de exportación y la industria. Lo cual además con el nearshoring, son elementos que el país debe aprovechar ante el contexto internacional.
Las grandes corporaciones mexicanas tienen los medios para competir y generar crecimiento en sus sectores, ya sea comunicaciones, construcción, servicios financieros, bebidas y alimentos o bien como proveedores en el sector automotriz.
Sin embargo, para la mayoría de las empresas mexicanas esas fortalezas no son iguales, pues se carece de acceso a financiamiento, a procesos menos sobre regulados y a establecer mecanismos de integración vertical que apoyen el nearshoring.
Por otra parte, el estado de derecho mexicano, es uno de los elementos cuestionados desde hace tiempo y con la imposición actual en rubros clave en sectores como el energético o probablemente el minero, generan altos costos por recurrir a tribunales, más la incertidumbre jurídica por los excesivos tiempos procesales, afectan la confianza del capital privado.
México no es un país pobre, es un país de desigualdad y contrastes. En materia empresarial, desde el emprendedor, pequeño o mediano empresario que tienen que lidiar para obtener citas con el SAT o con dependencias regulatorias autoritarias de diverso tipo federales o locales para operar de manera normal, hay que adicionar la inseguridad en materia comercial por robo en transporte, ambulantaje que afecta al comercio establecido sin tregua con productos de dudosa procedencia y que no estarían ahí en la venta sin la venia de autoridades corruptas en todo el país. Es decir, la corrupción no ha desaparecido solo con la versión moralina en las declaraciones mañaneras.
Las empresas formales en México aportan el 80% del PIB. Así las cosas, las MIPYMES son la columna vertebral de nuestra economía, son 4.2 millones de empresas registradas en el SAT en el país y que contribuyen con el 76% del empleo formal en México. Las Grandes Empresas en México son 5,630 identificadas como tal en el SAT que participan con el 24% del empleo formal.
Si bien el empleo formal ha reportado crecimiento en este primer trimestre de 2023, son cerca de 22 millones de empleos registrados en el IMSS, una base importante, pero modesta frente a la informalidad en el país. Además con gran desventaja y desigualdad frente a las prestaciones y jubilaciones de los empleados del sector público y los afiliados a los hipersindicatos de Pemex o CFE.
El reto es la informalidad que genera el 20% del PIB y registra el 56% del empleo en la informalidad y que crece a mayor ritmo que el empleo formal. Modelo estimulado por todos los gobiernos de un color u otro, pues se asocia a corrupción, impunidad, clientelismo y competencia desleal fomentada por las estructuras de gobierno en todos sus ámbitos (federal, estatal y municipal). Es el otro tipo de sindicalismo con liderazgos poderosos de la informalidad laboral.
La población económicamente activa (PEA) es del orden de 58 millones de personas para el cierre de 2022, de los cuales 32 millones están en la informalidad y 26 millones dentro de la formalidad (incluido sectores público y privado). Esa desproporción de la informalidad, limita el desarrollo e igualdad, además que estimula la migración a grandes y medianas ciudades o a las capitales estatales con los consecuentes desequilibrios integrales.
Los gobiernos futuros deben estar obligados y comprometerse a desarrollar fórmulas prácticas y medibles que año con año vayan integrando a la formalidad a las personas, pues los temas de pensiones de una población que se avejenta y con los apoyos asistenciales, serán una verdadera presión en el presupuesto en los próximos 20 años. O generan formalidad laboral o seguirán aplacando financieramente al país.
La actual administración ha enfocado como estrategia el tema de la asistencia social y las pensiones para adultos mayores que es donde actualmente tiene mayor influencia de apoyo electoral, sin embargo, los flujos futuros para esos apoyos sociales serán un reto complejo para el contribuyente cautivo actual y futuro.
En el sexenio del ex presidente Fox en el año 2002 al salario mínimo era de 40 pesos, veinte años después con el presidente López Obrador, alcanzó los 173 pesos. Si bien destacan los incrementos nominales es, la capacidad adquisitiva del salario minimo lo importante, el efecto inflacionario de los últimos años ha mermado esa capacidad adquisitiva pues los aumentos en salud, alimentos y bebidas, transporte y cuidado personal han sido mayores incluso a la inflación.
Sin duda la desigualdad social y económica, así como la falta de un estado de derecho para los negocios, ha limitado nuestra excelente posición geográfica, el bono poblacional y los recursos naturales con los que contamos. Es necesario presionar por las vías legales y con inteligencia/experiencia cambiar la dinámica que las autoridades mismas han limitado por décadas para tener un crecimiento sostenido y que sin duda sería factor para desarrollar a las diferentes regiones del país.
La reciente y desilusionante exhibición del legislativo, donde la subordinación absoluta del partido Morena ante las órdenes del Presidente, así como la patética exhibición nocturna de los legisladores de oposición, no suma al debate serio y de altura legislativo, varias de las iniciativas serán impugnadas en la corte y seguramente varias decisiones serán revocadas. Pero hoy es un hecho que el INAI sigue sin operar y en consecuencia confirma el interés del ejecutivo por descalificar a los organismos autónomos que no están subordinados a sus ideas y limitando su funcionamiento.
No hay duda que en administraciones pasadas al igual que ahora, colocan en posiciones clave a incondicionales para cuidarse las espaldas y apoyar cuanta iniciativa y ocurrencia se les dé oportunidad para mantener y controlar el poder político y económico. Ello permite que la improvisación, amiguismo político o el colocar impresentables para pagar favores de apoyo político en funciones o dependencias clave. Así que por ello es obligada la rendición de cuentas y la transparencia son un derecho para los ciudadanos y una obligación para los funcionarios y autoridades responsables.
Hemos pasado de extremos neoliberales a extremos retro izquierdistas. Cada grupo extremo crítica o alaba según sea su afinidad política o económica. Es difícil tener objetividad si los extremos políticos son los que predominan la razón y la rendición de cuentas.
La expectativa en 2018 era un cambio necesario a los excesos evidentes de corrupción de sexenios anteriores ( a los cuales se les exhibe en cada oportunidad pública pero sin responsabilidad alguna formal o legal, son meramente descalificaciones sin efectos legales y por lo tanto son actos consentidos).
Pero los eventos de Segalmex, INM o el duplicar los presupuestos de gasto de Dos Bocas o el Tren Maya, la compra a iberdrola o el mismo ex avión presidencial no son los mejores ejemplos de claridad, transparencia y eficiencia presupuestal y operativa. Así que al final se parece más a lo que se cuestionaba en el pasado reciente.
Ahora también destaca el empoderamiento militar en todas las áreas (seguridad, infraestructura, tren maya, construcción, operación de aeropuertos y una nueva línea aérea, Banco del Bienestar y las aduanas), lo cual para siguientes administraciones del color que sean, será prácticamente imposible acotar o limitar ese poder, inédito en gobiernos de izquierda o democráticos. Ya en si poderosos económica e históricamente los militares poca oposición tendrán en general, pues tendrán bajo su control y con opaca rendición de cuentas públicas.
Veremos que resuelve en las impugnaciones que se presenten en la SCJN.
Los negocios necesitan estabilidad política y social en cada región del país. Es cierto tenemos una recuperación macro económica en el último año, y al parecer este 2023 puede mantener el rumbo para continuar promediando como en administraciones anteriores el 2% del PIB al cierre del sexenio, sin embargo, por debajo de los niveles prometidos y necesarios del 4% en el PIB.
Se puede lograr impulso relevante con el nearshoring, generando políticas públicas para incentivar inversión privada y con el aprovechamiento del interoceánico en especial y con el desempeño futuro de Dos Bocas y el Tren Maya, de los cuales hay poca información pública para saber en qué momento estarán en punto de equilibrio esas megaobras.
Lo bueno debe ser reconocido, los programas sociales, el diagnóstico de los excesos y la aplicación macroeconomica, pero la ejecución y sus resultados deben ser analizados objetivamente por el ciudadano común.
Ya están en plena actividad auto promotora las llamadas corcholatas de Morena para el 2024, es ya común al recorrer vía terrestre el país y ver la abierta cargada política en diferentes ciudades y pueblos con bardas pintadas y con cobertura de medios de las visitas de fin de semana para mostrarse de manera anticipada, lo cual refleja inequidad y las mismas prácticas oportunistas y descaradas del pasado.
Al parecer estamos ante un comité divino, integrado por el ejecutivo, los partidos politicos alineados decidiendo, los hipersindicatos y ahora los militares más empoderados, por lo que parece más una elección de estado que ciudadana, como diría Cantinflas (Si yo fuera Diputado/1952), pueden votar por el que cada uno quiera, siempre y cuando gane el que yo diga.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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