Ciudad de México.- El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que es muy fácil que entren recursos ilícitos y después se inyecten a la economía formal, reveló Octavio Máynez, experto en tecnologías de la información dedicadas a prevenir el blanqueo de capital.
El también director ejecutivo de una empresa dedicada a organizar información financiera para cumplir con lo establecido en la llamada ley antilavado indicó que el sector de la construcción es «una de las actividades vulnerables (al lavado de dinero), donde es más riesgoso que entre dinero mal habido, dinero del narcotráfico, a ese tipo de operaciones».
Recordó que cuando entró en vigor la ley contra el lavado de dinero hace seis años se identificaron las actividades que eran más susceptibles a esta práctica, «y una de ellas a nivel mundial siempre ha sido el tema de la construcción, al que es muy fácil que se vaya inyectando dinero y se vaya metiendo a la economía formal».
Dijo que, por ello, el sector de la construcción es uno de los primeros objetivos de las nuevas tecnologías que identifican el incumplimiento de dicha legislación.
Apuntó que la ley tiene su origen en el Grupo de Acción Financiera Internacional, instancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que regula las acciones que impulsa cada país miembro en el tema de lavado de dinero.
De acuerdo al International Narcotics Control Strategy Report 2019, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el segmento inmobiliario de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para limpiar dinero.
A su vez, la ONU reportó que en México se blanquean entre 25 mil millones y 62 mil millones de dólares al año, con un promedio estimado de 50 mil millones, lo que coloca al país en el tercer lugar en este delito después de China y Rusia.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó que en los últimos siete años México exportó más de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícita.
Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que en lo que va de esta administración se han presentado 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales, relacionadas con corrupción, «huachicoleo» y trata de personas, que representan casi 50 mil millones de pesos.
La delincuencia organizada utiliza varias técnicas para el blanqueo de capitales, como el uso de prestanombres para la compra de propiedades o la contratación de hipotecas, la compra-venta de propiedades con valores alterados, es decir por encima de su precio de mercado al comprar y por debajo de éste al vender, así como el uso de fondos ilícitos para construir o remodelar con fines de venta o alquiler.
De acuerdo al especialista, durante junio de 2019 el valor real de producción de las empresas constructoras presentó una caída de 7.8 por ciento en su comparación anual, con lo que sumó 12 meses consecutivos con resultados negativos, mientras el personal ocupado disminuyó 5.4 por ciento, el mayor decremento de los últimos 11 meses.
Ante esto, Octavio Máynez consideró importante que las empresas refuercen sus operaciones desde las áreas de «compliance», que son las encargadas de los procedimientos y buenas prácticas para la identificación y prevención de riesgos.
De esta manera, las empresas del ramo pueden blindarse contra posibles quebrantos por incumplimiento de la ley, que a la vez generan multas, lo que ha provocado una afectación negativa de 5.5 por ciento en la edificación con fines de vivienda, industria, comercio y servicio, escuelas y hospitales, durante la primera mitad del año.
Señaló que, históricamente, las empresas de la construcción «no usan mucho la tecnología, y tienen muchos procesos manuales, y se les dificulta a veces tener sistemas que los apoyen en este sentido».
En este contexto, apuntó que de 2013 a la fecha apenas 50 por ciento de los sujetos obligados cumple con la ley antilavado, y de ese total 40 por ciento lo hace mediante un software; el 60 por ciento todavía lo hace de manera manual, lo que implica un mayor factor de riesgo de incumplimiento.
Consideró que los riesgos crecientes obligan a las empresas a organizar de mejor manera su información financiera mediante métodos que alerten sobre el incumplimiento de los requisitos legales, y en caso de un requerimiento por parte de la autoridad se cuente con un expediente completo.
Afirmó que el uso de la tecnología mejora hasta 50 por ciento la observancia de normas y legislaciones, y ahorra hasta en un 50 por ciento los costos y el tiempo para el cumplimiento de las leyes, por lo que la transformación digital es un elemento clave para la prevención del lavado de dinero.
