EU rastrea movimientos financieros de políticos y narcos
Norberto Vázquez
Es muy inocente que desde las más altas esferas del gobierno mexicano, se diga que las autoridades financieras, fiscales y de procuración de justicia de Estados Unidos, no tengan pruebas contra diversos políticos mexicanos que han sido acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Cuando Washington acusa fuera de sus fronteras es que tiene los elementos. La pregunta es: Si EU acusa a narcotraficantes y se coordina con México, ¿por qué no hacen lo mismo con los políticos que suenan como posibles, narco políticos?
Claro que hay muestras de que EU y México se organizan y actúan en conjunto. De manera reciente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, incluso, emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.
Inmediatamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en México sobre esta información que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Sus contrapartes de la Unión Americana les soltaron parte de la indagatoria, En la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Como resultado de dichos análisis y en el ámbito de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por el Departamento del Tesoro, así como a nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y así lo estipuló la SHCP: “Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”.
No entiendo porque no se coordinan así, para rastrear y desenmarañar si gobernadores, senadores y políticos del más alto nivel en México están vinculados al crimen organizado.
También el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, debería de actuar.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Diría un clásico, no se hagan bolas. Los norteamericanos saben bien que pasa en México con su clase política. Eso de que no hay pruebas, se los creería si la acusación viniera de la Fiscalía de Pueblo Quieto, donde se investiga “con las patas”.
