Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), concluyó el Programa Especializado de Litigación Oral, en el que participaron 165 agentes del Ministerio Público, como parte de la implementación del Modelo de Litigación Integral (MLI).
La capacitación, impartida por especialistas del 9 de marzo al 4 de mayo de 2026, se desarrolló en tres bloques escalonados, cada uno integrado por más de 50 agentes. Durante el programa, las y los participantes profundizaron en la construcción de la teoría del caso, la aplicación de estándares probatorios y el control de la legalidad de los actos de investigación.
El director ejecutivo de Profesionalización, Extensión Académica, Posgrado e Investigación, Luis Enrique Sánchez, señaló que “el cierre de esta etapa no solo representa la conclusión de un ciclo formativo, sino la consolidación de un proceso que responde a una necesidad institucional: fortalecer la actuación del Ministerio Público en audiencia”.
El programa se estructuró en dos ejes formativos: el desahogo de la audiencia inicial, con una carga de 20 horas, y el fortalecimiento de la investigación y la estrategia procesal, con 20 horas adicionales, para un total de 40 horas de formación especializada.
En este contexto, la capacitación del personal en funciones de judicialización se consolida como un componente central del MLI, al fortalecer la conducción de los casos con criterios de litigación estratégica y asegurar la coherencia entre la investigación, la acusación y el resultado judicial.
El MLI establece que la unidad ministerial que inicia una investigación sea también responsable de conducir el caso hasta su conclusión, ya sea mediante una sentencia o la reparación del daño a las víctimas. Con ello, se busca garantizar continuidad en la estrategia jurídica, evitar la fragmentación de los procesos y elevar la calidad de las investigaciones.
Su implementación forma parte del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal, impulsado por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, que orienta la transformación de la procuración de justicia en la ciudad y, entre otros aspectos, impulsa el fortalecimiento de las capacidades del personal ministerial para conducir investigaciones sólidas y sostener los casos en audiencia.
