Justicia a la medida, ciudadanos y empresas a la deriva
Mario Sandoval
La narrativa oficial de la reforma judicial prometió una justicia rápida, expedita y cercana al pueblo. Sin embargo, en la ventanilla del usuario común, de la empresa y del litigante corporativo, la realidad operativa muestra un retroceso brutal: el reemplazo de la técnica por el hiperformalismo y la consolidación del «amparo estadístico» como mecanismo de descarte masivo. Este no es un problema exclusivo de abogados; es una crisis que afecta la economía, la seguridad y la inversión de todos los mexicanos.
El impacto económico y la ahuyentación de la inversión
El principio es elemental: sin certeza jurídica no hay inversión. Ningún capital serio —nacional o extranjero— se arriesga a instalarse en un país donde la recuperación de garantías, el cobro de un crédito o la restitución de un bien lleva años de desgaste.
Cuando una empresa, o entidad financiera o un inversionista descubren que el propio Estado puede perder o destruir un expediente en un archivo local sin dejar respaldo digital, y que para exigir la reposición de sus derechos la Justicia Federal le exige una «aduana peajera» de $100,000 pesos en edictos básicos en el Diario Oficial de la Federación y otro medio de amplia circulación para notificar a un tercero sobre un juicio inexistente, el mensaje para el mercado es desolador: el patrimonio privado está indefenso. El riesgo país se dispara, el costo del crédito se encarece para las PYMES y los proyectos productivos prefieren migrar a jurisdicciones seguras.
La erosión de la seguridad y la barbarie de los «otros medios»
Existe un vínculo directo entre la ineficiencia judicial y la crisis de seguridad que azota a México. El Estado ostenta el monopolio legítimo de la fuerza a cambio de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, cuando la vía legal se transforma en un laberinto interminable de amparos, quejas y revisiones que tardan años sin resolver nada, se envía una señal perversa a la sociedad: la justicia estatal no funciona.
Si cobrar una deuda o recuperar una propiedad a través de las instituciones toma un lustro y miles de pesos en peajes procesales, el ciudadano o el comerciante terminan desesperados. La impotencia institucional empuja a la sociedad hacia la justicia por propia mano o la contratación de «otros medios» al margen de la ley. La falta de tutela judicial efectiva es el caldo de cultivo perfecto para la extorsión, el cobro de piso y la violencia, pues el deudor tramposo sabe que la impunidad procesal lo protege frente al acreedor formal.
El extravío estructural y la excusa de la » excesiva carga de trabajo»
En el fuero común, la pérdida de expedientes por la extinción y redistribución de juzgados, sumada a la falta de salas de lectura y el hacinamiento de papeles, obliga al ciudadano a realizar trámites presenciales que deberían ser digitales. Mientras tanto, en los tribunales federales, juzgados y magistrados justifican años de retraso amparándose en su amplia «carga de trabajo», como si las empresas, los trabajadores y las familias no tuvieran también cargas operativas y financieras que colapsan por su lentitud.
El abismo internacional
Esta distorsión es impensable en los países con los que pretendemos competir. En Estados Unidos, la gestión digital (CM/ECF) garantiza la inalterabilidad de los expedientes y la Rule 4 sanciona la evasión traslando los costos procesales al deudor mala fe (costs-shifting). En la Unión Europea, la reconstrucción de actuaciones es gratuita por mandato de la tutela judicial y los boletines oficiales no se le cobran al justiciable.
¿De qué sirven los discursos teóricos de académicos y legisladores de escritorio si ignoran el colapso de la ventanilla? Pretender que el ciudadano o el inversionista acepten por dogma que «todo está mejor que antes» es insostenible cuando el sistema destruye el patrimonio real a la vista de todos.
Ante la indiferencia del amparo estadístico y el colapso del sistema, el único camino de dignidad para el sector corporativo radica en documentar la falla, negarse a financiar la ineficiencia de las autoridades y exigir la indemnización por la vía de la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Si el Estado no garantiza la protección de la propiedad y del crédito, la «justicia del bienestar» seguirá siendo una ficción que nos cuesta la seguridad y el desarrollo de la Nación.
Un año después de la tan anunciada reforma judicial del oficialismo, y a pesar de su narrativa triunfalista, la sensación de que la situación no solo no mejoró, sino que empeoró, la operación diaria muestra un retroceso brutal marcado por el hiperformalismo, la dilación procesal y la simulación.
Ver las escenas y los debates de baja calidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refleja con crudeza el nivel de formación jurídica, la pobreza de debate y la preocupante percepción de quienes hoy ocupan esos espacios. Si ese es el nivel en el máximo tribunal, el panorama en la justicia federal y en los fueros comunes es idéntico o peor: profundamente deficiente. Si aplicáramos una prueba PISA en temas legales a muchos de los actuales impartidores de justicia, el resultado arrojaría que una inmensa mayoría no aprobaría un examen básico de oposición. Sin embargo, el activismo y la conveniencia política los llevaron ahí. Es lo que hoy tenemos, y en tanto el Ejecutivo y el Legislativo no hagan bien su trabajo, el Poder Judicial seguirá siendo un apéndice afín y no un verdadero contrapeso autónomo.
A este coctel de ineptitud institucional se suma una herida abierta en el foro diario: el abuso del derecho por parte de malos litigantes. Las chicanas y las prácticas dilatorias continúan operando sin ninguna responsabilidad real para los abogados que, bajo el pretexto de una supuesta defensa, recurren a la marrullería. Presentan recursos e incidentes que los tribunales admiten alegremente, logrando ganar tiempo a costa del desgaste emocional, moral y económico de los justiciables en asuntos ya resueltos como cosa juzgada. Lo cual se evidencia en que no se ejecutan en tiempo los asuntos civiles, mercatiles, familiares, administrativos, laborales y penales.
Este entorno de impunidad procesal tiene un correlato alarmante en la paz social. Los índices de violencia, con más del 90% de los asuntos que ni siquiera son denunciados, son la confirmación más clara de la falta de un Estado de derecho real. Cuando el Estado no solo no actúa, sino que es parte del problema y abandona su deber tutelar, la ciudadanía termina por perder la fe en las instituciones y recurre a otros medios para dirimir sus conflictos.
Mientras los juzgados sigan justificando sus rezagos bajo el pretexto de una supuesta excesiva carga de trabajo y se premie la lealtad política por encima de la capacidad técnica, la justicia en México seguirá siendo una ficción costosa que ahuyenta la inversión, desprotege el patrimonio y fractura el tejido social. Si el Estado no garantiza la tutela efectiva, la promesa de una justicia cercana al pueblo habrá fracasado. Tan solo está semana e septiembre de fieras patrias pese a haber tenido recientemente periodo vacacional ya tiene un puente que en la Junta local empezó desde el viernes y hasta el próximo jueves habrá labores. En tanto en federales y fueron común de lunes a jueves tienen su puente por su deficiente labor judicial. Ellos consideran que se lo merecen y que la sociedad en general debe estar agradecida por sus logros pirricos.
La economía y el empleo formal requieren certidumbre, tienes un plan México que no logra convencer en la realidad más allá de anuncios y narrativa de propaganda. La justicia no es solo un tema especializado de rollo y argumentación. Es la certidumbre y la aplicación del estado de derecho para todos.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
