México vive ¿Elección del revólver?
Ahí están los hechos: el crímen elimina, no elige
Fauzi Hamdan Amad (*)
En su artículo publicado en el periódico Reforma el 12 de mayo René Delgado analiza la confrontación política y la peligrosa violencia criminal en este proceso electoral, poniendo en riesgo la estabilidad y a la democracia en su integridad.
Agrega con toda razón que: “A fuerza de homicidios y amedrentamiento, aquí o allá y sin importar la filiación partidista, quizá a fin de preservar acuerdos o dominar territorios, el crimen determina quién puede y quien no aparecer en la boleta electoral. El crimen elimina, no elige. Y, al parecer, a la autoridad poco le importa esa forma de participación política criminal, que bien se podría denominar la elección del revólver.”
De acuerdo con datos de Etellekt Consultores, del 8 de septiembre del año pasado, fecha de arranque del actual proceso electoral, a esta fecha suman más de 320 agresiones las cometidas contra dirigentes y cuadros partidistas, contra alcaldes y exalcaldes, precandidatos y candidatos, fundamentalmente en el ámbito municipal y a cargos de elección local y federal en el Poder Legislativo.
Más de un millar de candidatos a puestos Municipales, Estatales o Federales han declinado su aspiración por temor al crimen.
El escenario es en extremo riesgoso, peligroso y alarmante. Los candidatos presidenciales tanto en el primero como en el segundo debate no han hecho alusión ni referencia, directa o indirecta, a la última causa que da origen a dicha violencia.
Quizá piensan que no es políticamente “correcto…” Se han limitado a la prevención y al fortalecimiento de las policías preventiva y ministerial proponiendo capacitarlos dotándolos de los instrumentos y medios para combatir al crimen organizado y otorgarles sueldos más altos y prestaciones importantes. Sin embargo, seguiría la violencia inconmensurablemente escalando aún más y creciendo en casi todo el país bajo la indolencia y encubrimiento de las mismas autoridades. Vamos, el Estado está rebasado para reducir la violencia y la impunidad que impera en las organizaciones criminales.
Hoy en día, somos un país más violento, más inhóspito, más corrupto, más sangriento y más bárbaro. Por una condición de necesidad ineludible, so pena de una desgracia colectiva de proporciones impredecibles.
Aunque sé que es una quimera, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión tienen la obligación moral de plantear la legalización de la marihuana, de la heroína, de la cocaína y de la amapola, como lo han venido haciendo muchos países europeos y particularmente nuestro vecino del norte.
De manera que se controle desde la producción, comercialización y consumo, creando políticas preventivas y centros de rehabilitación para los consumidores. Algunos candidatos a la Presidencia desdeñan dichas medidas aduciendo como razón que no se terminaría la violencia, falso de toda falsedad. Actualmente, el 70% de los delitos de alto impacto, provienen del trasiego de la droga.
Dichas medidas atenderían el problema de fondo y gradualmente, con toda certeza se iría reduciendo la violencia asociada con la prohibición de dichos estupefacientes. Si no se adoptan estas medidas legislativas de legalización, reitero que cualquier acción preventiva o su combate no sería efectiva, continuaría la corrupción, las ejecuciones violentas y sangrientas y las organizaciones criminales apoderándose cada vez más de territorios en donde a los particulares les exigen el pago de derecho de piso o extorsiones, perdiendo evidentemente el Estado la gobernanza en tales lugares.
Como lo apunté en párrafos anteriores, actualmente en 29 Estados de la República el crimen organizado ejerce el control absoluto.
La OMS ha recomendado que los países deben desarrollar políticas y leyes que descriminalicen el uso de drogas.
Señala dicha organización que el problema es de salud no de conducta delictiva.
Ojalá, que entren en razón los candidatos presidenciales y que no tengan miedo proponer la descriminalización de los estupefacientes. Con dicha actitud, la sociedad en su conjunto, apreciaría como nunca proponer tales medidas reconociendo en el candidato o candidatos que lo propongan una visión de Estado.
Por otro lado, también ante la situación económica que está viviendo el país que ya entró en su fase de atonía y el alto riesgo de su deuda pública que ya rebasa más del 50% del PIB, y con el propósito de activar real y efectivamente el mercado interno, el Grupo Parlamentario del PAN y el PRD en el Senado presentaron una contrarreforma fiscal, mediante un Impuesto sobre la Renta a tasa única (Flat Tax) sobre los ingresos netos, cuya determinación sería simple y sencilla aplicable a las micros, pequeñas y medianas empresas, cuya recaudación tributaria aumentaría de manera considerable, (Principio de Arthur Laffer), reduciendo la economía informal y estimulando el crecimiento económico.
También presentaron reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer una tasa genérica del 10%, tasa en alimentos y medicinas de 3%, exención de alimentos naturales, eliminando la tasa cero que como sabemos se les devuelve anualmente a las grandes empresas la cantidad aproximada de $290 Mil Millones de Pesos y, por último, una tasa de hasta 5% de impuesto al consumo que sería administrado y recaudado por las entidades federativas.
En este tema tan importante, como en el de seguridad, los candidatos presidenciales prácticamente no han hecho alusión alguna a la política fiscal. Cierto que este tema será abordado en el tercer debate en Mérida, Yucatán.
La política fiscal tiene como propósito establecer impuestos sencillos y simples a tasas bajas para estimular la actividad económica y, también, de manera preponderante que haya un auténtico federalismo fiscal, es decir, que los Estados sean los que administren y recauden el Impuesto sobre la Renta respecto de las micros, pequeñas y medianas empresas, tal como está en la propuesta en el Congreso, con efectos neutrales en participaciones.
Por lo que hace al Impuesto al Valor Agregado, tal como está en la propuesta señalada en el párrafo anterior, reducir la tasa general al 10%, tasa en alimentos y medicinas al 3%, con una tasa exenta en alimentos naturales y, para los Estados hasta un 5% de impuesto al consumo.
El Principio de Arthur Laffer a que se refiere la iniciativa es que entre más baja sea la tasa y simple su determinación, la recaudación tributaria aumenta considerablemente reduciendo la economía informal y estimulando el crecimiento económico.
(*) Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados S.C.
