Debido a que para 2022 el sistema pensionario apenas cubrirá a 3 de cada 10 jubilados con montos mínimos, gobierno y sector privado se encuentran trabajando en propuestas de reforma para combatir el problema
José M. Gijón Anaya
El tema del sistema pensionario constituye hoy día uno de los problemas más serios y longevos a las que se debe enfrentar la actual administración, ya que el tiempo para plantear alternativas al mismo está cada más cerca de agotarse.
De acuerdo con Francisco Aguirre Villarreal, director de Valuaciones Actuariales del Norte, el crecimiento demográfico y el incremento en la esperanza de vida han provocado que la solvencia de las pensiones se haya convertido en el problema financiero más grave del país.
“El pasivo contingente que representan las pensiones supera 140% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, es el problema financiero más grave que tiene el país y aunque se reconoce el problema, no fue parte de las reformas estructurales”, refería el empresario a finales del sexenio pasado.
Particularmente, las generaciones que cotizaron antes de las reformas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1997 y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007 representan el mayor costo para el sistema, pues generan una deuda que se terminará de pagar en los próximos 70 años o inclusive más.
“Si no se hacen cambios en pensiones, vamos a tener que dejar de invertir en salud, seguridad e infraestructura por estar pagando pensiones de gente que se retira a los 45 años de edad y que van a vivir más de 20 o 30 años”, destacó Aguirre Villarreal.
Como una alternativa para combatir el problema, la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC) propuso en su momento la creación de un Sistema Nacional de Pensiones mediante el cual se podría contar con un esquema más homogéneo para brindar los mismos beneficios a todos sus pensionarios.
La propuesta contemplaba la creación de una ley marco que delineara la parte jurídica en torno a los derechos y beneficios de los trabajadores en la materia, fueran estos parte del sector formal o no.
De esta forma se tendría una pensión universal de 1,500 pesos, monto fijado entonces por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como garante del bienestar de una persona. El financiamiento vendría en parte de lo recaudado mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sumado a esto, el trabajador podría complementar la pensión universal mediante una pensión básica (financiada con aportaciones) y con el ahorro generado en su cuenta Afore. Pese a esto, la idea no tuvo una continuidad clara dentro de los planes del actual gobierno.
Posteriormente, el problema volvió al centro del debate público a finales del año pasado, cuando se señaló que para 2022 las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) iniciarán los trámites de retiro de los primeros pensionados bajo el esquema de cuentas individualizadas, pese a que la mayoría no logrará obtener una pensión digna.
De acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para ese año se estima que 80,000 personas alcancen la edad de jubilación. De este grupo de trabajadores, que debieron haber empezado después de 1997 o cotizar al IMSS, aproximadamente el 70% no acumularán las 1,250 semanas de cotización necesarias para acceder a un monto mínimo garantizado.
Según la Comisión, la mayoría de personas que llegarán a su edad de jubilación en 2 años son mujeres que dejaron de trabajar por un periodo prolongado, hombres y mujeres que laboraron de forma independiente o que laboraron en la informalidad, por lo que no pudieron acumular la trayectoria de cotización mínima equivalente a 24 años de trabajo.
Como resultado de esto, al realizar el trámite de pensión, los jubilados recibirán una negativa y contarán como única opción con el retiro del saldo acumulado en la cuenta individual. Al monto total se le deberán restar impuestos que rondan entre el 20% y el 30%, tanto al capital como a los intereses generados.
El presidente de la Consar, Abraham Vela Dib, destacó que el problema de las pensiones es una bomba que explotó hace tiempo, lo cual se ve reflejado en los más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y que eventualmente no contarán con una renta mensual para su vejez.
El funcionario ahondó en el tema de los porcentajes, explicando que el 26% de trabajadores que se espera logren obtener una pensión con las semanas mínimas sólo accederá a rentas equivalentes al 30% de su último salario.
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) fue muy clara al respecto, sentenciando que la reforma al sistema de pensiones no puede aguantar hasta el 2021, considerando que el riesgo de pobreza para los trabajadores al retiro aumenta y se corre el riesgo de gestar movilizaciones como las vistas en Chile.
“Dado que los parámetros actuales son insuficientes, no corresponden con la realidad laboral del país, las pensiones serán insuficientes (…) se empezarán a pensionar cerca de 41,000 trabajadores el próximo año; en donde un 30%, 12,300, se pensionarían, en el mejor de los casos, con un 30% de su último salario; el resto, se llevaría sólo su ahorro», explicó su presidente, Bernardo González Rosas.
Urge reforma pensionaria
Derivado de todos los problemas que se avecinan a corto plazo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a realizar una reforma al sistema pensionario actual, ya que de lo contrario se cometería una gran irresponsabilidad con los trabajadores y con las finanzas públicas del país.
Gustavo de Hoyos Walther, dirigente del organismo, expuso que en la historia reciente de México se han implementado tres reformas pensionarias, las cuales han ignorado al trabajador en pos del presupuesto que maneja el gobierno.
De acuerdo con el líder empresarial, es necesario implementar acciones para que el sistema se convierta en un mecanismo que asegure una vejez digna para todos y propuso que gobierno, trabajadores y empresas impulsen en unidad una propuesta sostenible para un nuevo sistema pensionario que cuide las finanzas públicas.
Entre las posibles medidas que se barajan desde la Amafore se encuentra el aumentar la contribución obligatoria del 6.5 al 15%, reducir el número de las semanas mínimas de cotización e incluir trabajadores independientes al sistema de ahorro. En el caso de las semanas, se plantea que bajen a 750 mientras éstas no distorsionen otros parámetros o de que el trabajador compre las semanas mediante su ahorro voluntario.
Aunado a esto, a finales de enero el presidente de la Consar anunció que se ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el tema y que parte de la agenda de la presente administración es trabajar en una reforma al sistema pensionario.
Para esto, Vela Dib presentará a mediados del año un diagnóstico del sistema de pensiones y una propuesta de reforma, abordando temas como la creación de una institución única de pensiones que se encargue de supervisar los diferentes esquemas que existen actualmente para homogeneizar el sistema. Además, la Consar planteará una pensión mínima para todos los trabajadores, la cual se complementaría con el ahorro de las Afores.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también ha estado preparando una propuesta de reforma en pensiones que contempla el incremento en las aportaciones hechas para el retiro con una participación mayor por parte del sector patronal, al pasar del 5.150% a poco más del 13% del salario base de cotización del trabajador.
El sector obrero y los sindicatos como la CTM han visto muy bien esta propuesta, incluso, ellos han expresado que es la reforma que hubiesen querido tener desde hace muchos años porque es una propuesta que pretende elevar la cuota de forma gradual, mencionó Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).
La propuesta del CCE está dirigida principalmente a los trabajadores que empezaron a cotizar en el IMSS en 1997 a través del esquema de Afores, ya que serán de los más afectados.
“El problema es que cada gobierno pateaba el balón de las pensiones y no se resolvió nada (…) esta propuesta está siendo muy bien negociada con los empresarios y sindicatos, nada más falta el visto bueno del gobierno y que salga adelante esta reforma, la cual sería inédita”, enfatizó Sánchez Tello.
