Las medidas adoptadas por la administración pública han agudizado el riesgo de las calificaciones mexicanas hasta el punto de haber salido del ranking Kearney 2020
José M. Gijón
Entre los grandes “triunfos” que se ha adjudicado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador casi desde el inicio del sexenio ha sido el tener opiniones encontradas con las calificadoras internacionales, ya que los “otros datos” del mandatario han imperado por encima de las funestas estimaciones en distintos rubros económicos del país.
Esto, sumado a la implementación de políticas que han sido tildadas de erráticas, ha provocado que lentamente el grado de inversión en el país se haya ido deteriorando hasta puntos que se prevé pueden ser catastróficos.
Tan solo a mediados de abril, Fitch Ratings decidió bajar la calificación soberana de México a “BBB-“ desde “BBB”, con una perspectiva estable en un lapso de 18 a 24 meses.
El nivel de la nota mexicana coloca al país al borde de las llamadas emisiones basura o especulativas, lo cual responde a las estimaciones de la agencia de que el choque económico producto de la pandemia de Covid-19 lleve a una recesión severa durante el año, con una recuperación limitada por los mismos factores que han obstaculizado el crecimiento en el pasado.
Por su parte, en marzo la calificadora Standard & Poor’s (S&P) redujo la nota soberana del país dentro del grado de inversión de “BBB+” a “BBB” con perspectiva negativa, lo cual la acerca a otro posible recorte de calificación. Las razones fueron la menor dinámica de crecimiento esperada para este año, la caída en el precio del petróleo y el debilitamiento de las finanzas públicas.
En el caso de Moody’s, la nota sufrió una reducción a mediados de abril para ubicarse en Baa1 con perspectiva negativa, con lo que no se pierde el grado de inversión a mediano plazo pero sí se señala el aumento de presiones fiscales y la poca certidumbre a raíz de las inconsistencias en el manejo de las políticas públicas.
Pese a que de forma casi unánime las perspectivas de inversión de inicios de año se mantuvieron en el terreno negativo, y como si el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no tuviera suficientes pendientes con los cuales lidiar, en los últimos meses han persistido las medidas que desalientan la inversión en el país.
De acuerdo con María Fernandez Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en México, el país se encuentra actualmente en riesgo de quedar fuera de los proyectos de los inversionistas internacionales para 2021.
Explicó que situaciones como los cambios a las leyes en materia energética con limitaciones para la participación privada y la cancelación de la cervecera Constellation Brands han mermado la confianza de los empresarios.
Garza insistió que la cancelación de proyectos en marcha y los cambios en las regulaciones vigentes no ayudan a que México se consolide como un destino atractivo, especialmente en estos momentos en los que las empresas han detenido sus inversiones para revisarlas como consecuencia de la pandemia.
La representante del ICC insistió en que se deben fortalecer las instituciones autónomas y tener los órganos más sólidos y fuertes para poder garantizar el buen funcionamiento del mercado.
Pese a ello, emulando a los abiertos conflictos con las calificadoras, las medidas pretendidas desde el gobierno apuntan de forma radicalmente opuesta a las recomendaciones emitidas.
A principios de junio, el senador Ricardo Monreal dio a conocer una iniciativa que pretende eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con el argumento de unirlas bajo el nombre del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) y así generar ahorros utilizables para atender la contingencia sanitaria.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la iniciativa morenista implica socavar la certidumbre jurídica necesaria para atraer y retener inversiones en el país.
El organismo indicó que no existe evidencia que justifique que la eliminación de los órganos autónomos, por un argumento de austeridad, beneficie a México, ya que el presupuesto conjunto de las instituciones apenas asciende a los 2 mil 375 millones de pesos (0.04% del presupuesto federal).
Sumado a esto, la situación de la inversión se ha ido agudizando ya que distintos organismos empezaron a considerar de forma seria la posibilidad de que el país siga el rumbo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su calificación crediticia cruce a un terreno negativo.
Según Luis Gonzalo, gerente de cartera del administrador de activos Franklin Templeton, la pérdida de grado de inversión es un riesgo real cada vez más presente en la cabeza de los inversionistas, siendo un evento que puede definir el sexenio de López Obrador. “Esperaríamos que exista una fuga de capitales rápida e importante, de magnitudes nunca antes vistas”, señaló.
Aunado a ello, analistas de la firma JP Morgan advirtieron que la presencia de México en los principales indices de bonos con grado de inversión podría exacerbar la escala de venta en caso de convertirse en un “ángel caído” al perder el grado de inversión.
Esto implicaría que un estimado de más de 44 mil millones de dólares de deuda mexicana estarían en riesgo de una venta forzada. De esta cifra, 4 mil 500 millones de dólares pertenecen a bonos corporativos.
Todos estos precedentes trajeron como consecuencia que, en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020, México ya no se encuentre en el top de los 25 destinos prioritarios a nivel mundial.
De acuerdo con Ricardo Haneine, director y socio de la división mexicana de la consultoría, el país se vio rezagado en la lista por factores como el bajo crecimiento a nivel histórico, los cambios en las “reglas del juego”, la falta de transparencia en las normativas y la cancelación de diversos proyectos privados.
Explicó que casos como el freno a las rondas de exploración y producción petrolera y los proyectos de generación de energía limpia, sumados a las inversiones de alto costo y bajo impacto como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, fueron los que deterioraron la posición de México en el ranking.
Por su parte, el director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), Jorge Sánchez, indicó que la caída de los flujos de IED se deben a la poca certidumbre y la falta de políticas públicas viables para incentivar la inversión.
Mantener grado de inversión, difícil pero no imposible
Pese a que el panorama de la inversión en México mantiene tintes eminentemente oscuros, hay organismos que han establecido la posibilidad de que el escenario no termine en la fatídica pérdida del grado de inversión.
El jefe de Research para América Latina en Barclays, Marco Oviedo, afirmó que a pesar del debilitamiento en el manejo institucional de la administración pública, en el país persisten arreglos institucionales que anclan la política económica de México como un deudor responsable que cubrirá sus obligaciones de forma oportuna.
Entre los elementos que figurarían como un “contrapeso” favorable se encuentran el respeto del presidente López Obrador frente a la autonomía del Banco de México (Banxico), el logro del T-MEC con Estados Unidos y Canadá y la existencia de balance de poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, Carlos Serrano Herrera, Economista en Jefe de BBVA México, indicó que si bien el escenario apunta a una posible caída entre 2021 y 2022, una alternativa para evitarlo sería implementando medidas fiscales que permitan amortiguar los efectos de la crisis actual.
Indicó que se debe actuar en dos grandes líneas estratégicas. La primera consistiría en anunciar y aprobar una reforma fiscal enfocada a atacar el problema de la baja recaudación tributaria que ha venido arrastrando el país, mientras que la segunda implicaría cambiar el modelo de negocio de Pemex, reduciendo la actividad de refinación por las grandes sumas de dinero que se pierden en el proceso y reactivando los mecanismos de inversión conjunta con el sector privado.
