Leopoldo Reyes Equiguas*
La frase “Obedézcase, pero no se cumpla” fue acuñada en el siglo XIV por las Cortes de Burgos y Briviesca. Se aplicaba en las Indias españolas y se utilizaba para dejar sin efectos alguna norma promulgada por el rey, cuando dicha norma se consideraba contraria a la justicia o a las buenas costumbres de algún lugar.
Lo anterior permitía reconocer la autoridad y fuero del rey, pero dejando intocadas aquéllas disposiciones que se consideraban justas y razonables para cierta localidad.
En ese contexto, dicha frase se aplica a la perfección en la Reforma Educativa impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013, pues estamos ante una situación de “obedecer pero no aplicar”, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció durante su campaña dar marcha atrás a dicha reforma, principalmente por considerar que la misma tenía más tintes de índole laboral, y que entre otras situaciones –a su juicio adversas-, al sancionar a los maestros por no cumplir con los parámetros de las evaluaciones a las que deberían someterse los educadores.
Dicha sanción podría utilizarse con fines represivos diversos a la evaluación objetiva, imparcial y transparente, tal y como se presentaba desde la iniciativa original, distorsionando de esa manera el espíritu de la norma con lo que se perdía su naturaleza de Reforma Educativa, por una reforma de carácter laboral únicamente.
Más allá de los fines ocultos que pudiera contener o no la Reforma Educativa del ex Presidente Peña Nieto, aquélla fue creada mediante un entramado de reformas a nivel constitucional y de leyes secundarias, las cuales pretendían principalmente fortalecer la educación pública, laica y gratuita; implementar mecanismos de fácil acceso a la educación de calidad; implementación de un servicio profesional docente con respeto irrestricto a los derechos laborales; incrementar el apoyo de la gestión de las escuelas; generar mayores oportunidades de crecimiento profesional tanto a docentes como a directivos; y finalmente, crear un sistema de evaluación docente que fuera imparcial, objetivo y transparente.
Esto quedó atrás. Hoy la 4T busca a toda costa dejar sin efectos la reforma educativa aún vigente. El problema es que los cambios no pueden realizarse por decreto presidencial, ya que la multicitada reforma educativa fue creada como todas las leyes en nuestro país, mediante el proceso legislativo contemplado por nuestra Carta Magna, de ahí el entuerto ante el cual el mandatario deberá echar mano de esa vieja fórmula que reza: “Obedézcase pero no se cumpla”.
Habrá que ver hasta dónde la actual administración logra encontrar la forma de deshabilitar los mecanismos legales hoy vigentes, ya que de otra manera, no tendrá más salida que esperar las reformas presentadas al Congreso con las cuales busca dejar sin efectos lo que su antecesor dejó como derecho vigente, y de esta forma cumplir finalmente con su promesa de campaña.
*Rector de la Universidad Latina (UNILA)
