Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la “incertidumbre jurídica” derivada de la reforma al Poder Judicial, aprobada y publicada en 2024, ha provocado impactos negativos en las empresas del país y ha llevado a tres de cada 10 a reducir o posponer sus inversiones.
A un año de que se vuelvan a elegir por voto popular los cargos del Poder Judicial, la Coparmex explicó que siete de cada 10 compañías ya reportan “impactos negativos”, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.
Las cifras fueron obtenidas de la Encuesta de Data Coparmex, que recoge la participación de 3,721 empresas afiliadas a los 71 centros de la organización patronal, las cuales están “cambiando su conducta empresarial” tras los efectos de la reforma judicial.
Coparmex reveló que el 40% de las empresas actúan con mayor cautela para invertir y el 30% redujo o pospuso proyectos concretos, además reportó que el 81% ha modificado su estrategia de protección jurídica “ante una mayor incertidumbre sobre propiedad, contratos y acceso al amparo”.
Esta situación, añadió, se relaciona con una “percepción de menor certeza jurídica”, ya que 55.9% de las empresas considera que “disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora”.
“Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos”, advirtió el documento.
El sindicato patronal reconoció que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que “preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derecho”.
Por ello, hizo un llamado para abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, cuyo trabajo, apuntó, podrá “considerarse exitoso” en la medida en que “garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones”.
La reforma al Poder Judicial fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y aprobada en la recta final de su administración y al inicio del mandato de Claudia Sheinbaum.
Antes y después de su publicación, distintos organismos nacionales e internacionales advirtieron de sus posibles efectos negativos en el mercado, debido a la incertidumbre jurídica que podría provocar someter a voto popular cargos de jueces y magistrados.
