Nueva York.- Un acuerdo de última hora entre Meta Platforms, los accionistas y la dirección de la compañía, llevado a cabo recientemente, puso fin a un juicio de 8 mil millones de dólares y evitó que Mark Zuckerberg tuviera que testificar sobre presuntas violaciones a la privacidad de los usuarios de Facebook.
El arreglo también ayudó a calmar las críticas hacia el estado de Delaware, que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de líderes tecnológicos y empresariales.
El segundo día del juicio, previsto para extenderse ocho días en el Tribunal de Cancillería de Delaware, estaba por comenzar el jueves cuando el equipo legal de los accionistas demandantes anunció que habían llegado a un acuerdo para resolver el caso.
Aunque los términos aún se están negociando, el arreglo pone fin a un proceso que amenazaba con reforzar la tendencia de algunas empresas a abandonar Delaware como sede legal.
Desde el año pasado, Elon Musk y otros líderes empresariales han criticado duramente a los tribunales de Delaware —que durante décadas fueron una de las principales razones para constituir empresas en ese estado— por fallos que, según ellos, facilitan que los accionistas demanden a los directivos corporativos.
Musk ha instado públicamente a las empresas a abandonar Delaware, y el año pasado compañías como Dropbox, Trump Media & Technology, Roblox y Simon Property Group se reincorporaron en otros estados, en un fenómeno que ha sido apodado “Dexit”.
Los críticos alegan que los tribunales del estado tienen un sesgo en contra de los fundadores de empresas, un contexto incómodo para el caso de Meta, cuyos 11 acusados incluían a los multimillonarios Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Marc Andreessen, Peter Thiel (cofundador de Palantir Technologies), y Reed Hastings, cofundador de Netflix.
Un fallo a favor de los acusados podría haber dado la impresión de que el tribunal cedía a la presión, mientras que un fallo a favor de los demandantes podría haber impulsado aún más la salida de empresas del estado.
“Iba a ser realmente incómodo para el tribunal”, comentó Ann Lipton, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.
Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp—, así como los abogados de los inversionistas y de los acusados, no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los accionistas de Meta argumentaban que los actuales y antiguos directivos y consejeros de Facebook eran responsables de no haber protegido adecuadamente los datos de los usuarios. La demanda solicitaba que el tribunal ordenara a los acusados utilizar su patrimonio personal para reembolsar a la compañía los 8 mil millones de dólares en costos legales derivados de la violación de privacidad, incluyendo una multa de 5 mil millones de dólares pagada a la Comisión Federal de Comercio en 2019.
El caso atrajo la atención sobre los tribunales de Delaware y sobre la jueza encargada del proceso, Kathaleen McCormick, quien ganó notoriedad el año pasado al anular el paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk en Tesla (sentencia en apelación actualmente).
Para agravar la situación, la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz anunció a principios de este mes que trasladará su constitución legal desde Delaware a Nevada, e instó a otras empresas a hacer lo mismo.
En una entrada de blog publicada en su sitio web, la firma argumentó que los tribunales de Delaware “a veces pueden parecer parciales en contra de los fundadores de startups tecnológicas y sus juntas directivas”, citando como ejemplo el fallo de McCormick contra Musk.
A principios de este año, representantes de Meta se reunieron con el gobernador de Delaware y, poco después, el estado modificó su ampliamente utilizada ley corporativa para dificultar que los accionistas demanden a las juntas directivas por acuerdos con accionistas mayoritarios, como Zuckerberg.
Líderes políticos de Delaware afirmaron que estos cambios buscaban evitar que Meta y otras empresas abandonaran el estado. Cabe destacar que Delaware obtiene más de una cuarta parte de sus ingresos presupuestarios a través de tarifas asociadas a la incorporación de empresas.
A pesar de la nueva ley, algunas compañías, como Affirm Holdings, optaron por dejar el estado, argumentando que no estaba claro cómo se interpretaría la legislación en los tribunales.
Lawrence Cunningham, director del Centro Weinberg de Gobierno Corporativo en Delaware, señaló que el acuerdo con los accionistas de Meta destacó la fortaleza del sistema judicial del estado al manejar un caso complejo y guiarlo hacia una resolución, algo que, según él, podría ser difícil de replicar en otras jurisdicciones.
“Fue un resultado judicial muy deseado”, afirmó el director.
