Redacción HábitatMx
Ciudad de México.- El pasado 28 de julio, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que entre el 27 de julio y el 21 de agosto se llevaría a cabo un proceso de consulta pública en torno a los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, mismos la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) hizo públicos el 24 de julio.
Según la mandataria, la consulta tiene el fin de que tanto las grandes empresas dedicadas a la comunicación como los ciudadanos puedan definir las directrices que formarán parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, priorizando la autorregulación y la pluralidad para que las audiencias tengan acceso a una información veraz.
Los lineamientos propuestos desde el órgano regulador incluyen el no difundir información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”, distinguir información de opinión, distinguir publicidad de contenido, garantizar el derecho de réplica y considerar a las audiencias con discapacidad.
Asimismo, la iniciativa contempla como obligatorio que los medios cuenten con un código de ética y que designen defensores de las audiencias, mismos que se encargarán de atender las posibles quejas y emitir recomendaciones en caso de que se vulneren derechos.
Finalmente, en el caso de que las quejas no se atiendan o que la audiencia no considere restituidos sus derechos, la CRT podrá imponer sanciones y multas económicas que pueden ascender hasta el 1% de los ingresos de la empresa infractora.
«Como el gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética», explicó la propia Sheinbaum, defendiendo que los nuevos lineamientos responden a una demanda ciudadana que viene de años atrás para que las audiencias reciban información clara y que dispongan de mecanismos para defender sus derechos sin afectar la libertad de expresión.
Un sutil caballo de Troya
Al margen de las pretendidas buenas intenciones que sustentan la propuesta de lineamientos, su disección suscita muchas más dudas que certezas, dejando un margen considerable de operación que, en el peor de los casos, permitiría instrumentar los derechos de la audiencia a manera de mecanismos de censura.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la búsqueda de regular las pautas editoriales de los medios de comunicación incurre en una delicada extralimitación que vulnera el artículo 6° de la Constitución.
La agrupación apunta que la propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que “restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, riesgo diametralmente opuesto al listado de motivos con el que se le dio luz verde originalmente.
Aunado a esto, la Jufed señaló que la iniciativa de la CRT trasgrede la neutralidad institucional, debilita el equilibrio de poderes y convierte la regulación en un instrumento de fiscalización y control político.
Y es que, aunque el proyecto se presenta como algo relativamente inocuo y de alcances acotados, el contexto en el que la Cuarta Transformación decide traer a las audiencias al centro de la discusión pública despierta suspicacias.
Jorge Romero, actual dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), apuntó en este sentido que el problema de los lineamientos, al margen de su redacción, reside en el contexto político donde se conecta la iniciativa al empeño de los gobiernos morenistas por desaparecer órganos autónomos y la polémica reforma al Poder Judicial.
Ante un interés nada velado por generar una concentración del poder circundante al partido en el gobierno y una nula capacidad de gestionar las críticas emanadas de distintos sectores de la sociedad, no es difícil ver un escenario donde las quejas de una audiencia apócrifa y una CRT inclinada al gobierno en turno resulten convenientemente en sanciones a espacios abiertamente críticos.
Dudas sobre lineamientos, más allá de la oposición
Desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, los gobiernos morenistas encontraron en las figuras opositoras un chivo expiatorio para desestimar críticas y opiniones adversas, vinieran de donde vinieran.
En este caso no ha sido la excepción. A una semana de presentarse los lineamientos, Morena defendió la propuesta, alegando que las posibilidades de una presunta censura son una “falsa narrativa”.
“Estos lineamientos no buscan silenciar voces: buscan garantizar el derecho del pueblo a estar informado. Durante el periodo neoliberal no sólo se privatizaron empresas públicas, también se privatizó la conversación pública (…) defendemos plenamente la libertad de expresión. Pero la derecha omite deliberadamente un principio igualmente importante: la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México”, arguyó el partido.
“A partir de ese día, de ese martes, se desató una campaña de desinformación, y hay que decirlo así claramente, de desinformación (…) establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos”, aseveró por su parte la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján.
No obstante, entidades como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) advirtieron que la ambigüedad de los lineamientos da lugar a discrecionalidad por parte del gobierno ya que le permite definir qué es la información falsa o descontextualizada.
Asimismo, el que la CRT pueda intervenir en el caso de que una supuesta audiencia no esté conforme con las medidas tomadas por el defensor de turno desvirtúa por completo la figura, haciendo que las decisiones pasen completamente a manos de la autoridad.
“Estos lineamientos le hacen un flaco favor a las audiencias para garantizar su derecho colectivo a recibir información, y más bien parece que se está encaminando a arrogarse por parte del Poder Ejecutivo una serie de facultades que no le da la ley”, explicó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.
¿Defensa de las audiencias o mecanismo de control velado?
En los hechos, la falta de claridad sobre lo que se pueda considerar veraz a ojos del gobierno, la capacidad de cualquier actor de ostentarse como audiencia y el eventual perjuicio económico de una multa también traerá una consecuencia sutil: la autocensura.
En un contexto donde las sanciones dependen de una amplia serie de interpretaciones y donde las autoridades constantemente recurren al gastado discurso de ser las “más atacadas en la historia del país, resulta más simple para un medio de comunicación evitar incurrir en discursos incómodos.
Lo anterior resulta especialmente alarmante cuando se considera que México se ostenta como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde el inicio del siglo y donde más del 90% de los crímenes quedando impunes.
Sólo el tiempo determinará si las advertencias sobre los lineamientos realmente harán efecto o si, como suele ser costumbre, la participación ciudadana queda relegada a mero trámite para posteriormente aprobar la iniciativa sin modificaciones.
Lo que es seguro es que, frente a un oficialismo que opera constantemente en papel de víctima y que busca blindarse por todos los medios, defender el disentimiento es fundamental.
«Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar, nunca ha habido más libertad de expresión que ahora», reprochaba la presidenta. ¿Será así después del 21 de agosto? Veremos.
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