Bruselas.- La Comisión Europea propuso este lunes una normativa que obliga a los centros de datos de Europa a revelar la eficiencia con la que utilizan la energía y el agua, ante la creciente preocupación por su consumo de recursos.
La UE quiere triplicar la capacidad de sus centros de datos en los próximos siete años, con el fin de apoyar el rápido desarrollo de la inteligencia artificial e intentar reducir la dependencia de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
Esto podría suponer una sobrecarga para las redes eléctricas europeas, el agotamiento de los recursos hídricos y un aumento de las emisiones de CO2, si no se controla el consumo de energía y agua de estas enormes instalaciones.
Con el fin de incentivar a las empresas a construir centros de datos más eficientes desde el punto de vista energético e hídrico, la Comisión ha propuesto un sistema de clasificación de las instalaciones para que esta información sea más transparente.
El sistema no impondría límites a su consumo de energía y agua ni exigiría a los centros de datos que revelaran su consumo total de energía, pero sí obligaría a los operadores de instalaciones con una capacidad de 500 kW a dar a conocer su eficiencia energética e hídrica mediante un sistema de etiquetado diseñado por la UE.
Los centros de datos también tendrían que divulgar información sobre la relación entre su consumo de agua y los niveles de estrés hídrico en la zona, así como sobre su capacidad para prestar servicios al sistema energético local, por ejemplo, mediante la reutilización de su calor residual.
La nueva etiqueta podría servir de precursor a unas normas mínimas obligatorias sobre la eficiencia hídrica y energética de los centros de datos en Europa, que la UE está elaborando.
Actualmente, los centros de datos representan alrededor del 2,5% del consumo eléctrico de la UE, según indicó la UE en un informe publicado en junio.
Se prevé que esa proporción aumente, ya que se espera que la capacidad de los centros de datos de la UE se duplique con creces para 2030, hasta alcanzar los 28 gigavatios, frente a los 12 GW del año pasado.
Los países de la UE y los legisladores disponen de dos meses para oponerse a las normas. De lo contrario, entrarán en vigor.
