Ciudad de México.- El 85% de las viviendas ubicadas en las entidades que históricamente han registrado mayores daños por sismos permanece sin un seguro que las proteja, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Oaxaca (5.4%), Chiapas (8.2%) y Guerrero (10.1%) son los estados con menor nivel de aseguramiento en el país, pero también se encuentran entre las cuatro entidades donde más se pagó por siniestros relacionados con sismos entre 2023 y 2025, de acuerdo con un comunicado.
Guerrero concentró 15% del monto de los siniestros pagados durante ese periodo, mientras que Chiapas y Ciudad de México representaron 10% cada uno y Oaxaca 7%.
Los datos del sector asegurador muestran una tendencia alza tanto en frecuencia como en severidad. Tan solo en 2025 se reportaron 2,738 siniestros relacionados con sismos, un incremento del 72% respecto al año anterior.
Durante el primer semestre de 2026, el monto de los siniestros ocurridos por actividad sísmica aumentó 228% respecto al mismo periodo de 2025.
La AMIS añadió que en 2025, el seguro de terremoto representó el 40% de las primas de riesgos catastróficos y el 10% de la operación de daños sin autos, consolidándose como una de las coberturas más importantes para fortalecer la capacidad de recuperación del país ante eventos naturales.
“Cerrar la brecha de protección fortalece la resiliencia financiera de las familias y acelera la recuperación de las comunidades cuando ocurre una emergencia. La mayoría de las personas afectadas por un sismo se recupera, la diferencia es el tiempo en que se logra. Cuando no hay seguro el tiempo puede ser de entre 10 y 20 años más, que cuando tienes seguro”, dijo la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.
Entre 2023 y 2025, el 72% del monto pagado por siniestros relacionados con sismos correspondió a la administración pública, mientras que el 14% se destinó a viviendas. El resto se distribuyó entre hoteles, oficinas, servicios educativos y otros sectores productivos.
La mayor parte de las indemnizaciones, 72%, correspondió a la administración pública, mientras que el resto se distribuyó entre hoteles, oficinas, servicios educativos y otros sectores productivos.
