Fauzi Hamdan Amad *
Conforme al Artículo 26 Constitucional, en su inciso A. señala que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal, coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley”.
De acuerdo con la Ley de Planeación, Reglamentaria del Artículo 26 Constitucional, el plazo para la presentación al Congreso del Plan Nacional de Desarrollo expira el próximo 31 de mayo. Actualmente el Gobierno, a través de foros y consultas ciudadanas, prácticamente ya ha empezado la formulación del Plan Nacional de Desarrollo en los temas más importantes para hacer efectivos los derechos constitucionales. (hoy denominados humanos) en materia de educación, salud, seguridad, materia laboral, vivienda y un largo etcétera.
Sólo me voy a referir a la educación, a la salud, reforma laboral y a la política fiscal. Resulta un anacronismo hablar hoy en día de geometrías políticas: izquierda, centro o derecha.
Sin embargo, el cómo hacer efectivos tales derechos implica inexorablemente atender por su causa los problemas que se presentan.
A) SEGURIDAD PÚBLICA
El tema de seguridad pública planteado por el Gobierno de atender su problemática es un cambio de 180 grados respecto de cómo lo “atendió” … el Gobierno anterior. Por lo tanto, a esa materia no voy hacer alusión alguna en este comentario. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha realizado el Gobierno incluyendo la reforma constitucional de la Guardia Nacional, cuyo mando caería tanto en la autoridad civil como en la militar. Su propósito es la pacificación del país que incluye el desarrollo económico y generación de empleos, apoyar a los grupos vulnerables y un aspecto esencial que es la legalización del cannabis y, estoy seguro, que en los próximos meses también la legalización y/o control de los opiáceos.
B) SERVICIO DE SALUD
Asociado con el tema de salud en general nadie pone en duda que los servicios del sector público de salud son insuficientes, deficientes, inoportunos y, por lo que concierne a pensiones y jubilaciones traído al presente constituye un pasivo contingente muy alto que asciende más o menos a $1 Billón aproximadamente. La causa es que el Estado con su burocracia es el que presta tales servicios, cuando en la mayoría de los países del mundo lo son el sector salud privado el que los presta a los derechohabientes. En dichos países, las instituciones de seguridad social son normativas pagando, conforme a un tabulador previamente determinado por el propio Estado, los servicios que el sector salud privado facture. Las ventajas son innegables. El derechohabiente escoge la clínica o médico de su confianza, la atención es personalizada y oportuna y prácticamente el sector salud privado prestaría los servicios a la sociedad, eso se llama nacionalizar la materia de salud (subrogación). Desde luego, no significa que en esos países no hay instituciones públicas de salud emblemáticas, en donde se desarrollan ampliamente investigaciones con el apoyo gubernamental. En nuestro país, por cierto, de reconocimiento internacional tenemos instituciones de salud pública de gran prestigio como lo son el Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Siquiatría, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Oncología, Instituto Nacional de Neurología, etc.
El Doctor Santiago Levy, (Ex Director General del IMSS), en su último libro titulado “Esfuerzos Mal Recompensados”, editado por el BID en 2018, en la parte de conclusiones, en lo que concierne al rediseño profundo del sistema impositivo, de seguridad social y de protección laboral en México, propone los siguientes cambios consistentes en cuatro tareas, las cuales me permito transcribir:
1.- Desvincular la seguridad social del status asalariado/no asalariado de los trabajadores. Riesgos comunes a todo tipo de empleo (enfermedad, muerte, discapacidad longevidad) deben ser financiados de la misma fuente de ingresos, y los servicios deben beneficiar a todos los trabajadores con igual alcance y calidad. Riesgos específicos del empleo asalariado ▬como accidentes laborales en la empresa o despido por parte de un patrón▬ deben ser financiados por una fuente de ingresos asociada con los contratos asalariados.
2.- Reemplazar las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo moderno, idealmente vinculado con esquemas de capacitación laboral, permitiendo a las empresas despedir a los trabajadores en respuesta a shocks de demanda negativos o a cambios tecnológicos que ahorran mano de obra. Es crucial que los trabajadores desempleados también estén cubiertos por la seguridad social, rompiendo la asociación entre estabilidad en el empleo y acceso a la seguridad social, y protegiendo en todo momento a todos los trabajadores contra riesgos.
3.- Eliminar todas las exenciones, incluyendo tasa “0” al IVA, compensando a los hogares de bajos ingresos por la pérdida de ingreso real, disminuyendo los impuestos sobre la nómina (incluyendo los estatales) y reconsiderando el régimen dual del impuesto corporativo con el objetivo de equilibrar la tasa tributaria entre empresas de diferentes tamaños.
Por las declaraciones realizadas por el nuevo Director General del IMSS, en particular por el Presidente de la República, cuando se presentó el nuevo Plan del Sector Salud, el modelo en el nuevo sistema de salud propuesto lo tomaron de Canadá, que es en mi opinión, el mejor modelo de seguridad social porque los derechohabientes, como sucede en muchos países, tienen la opción de pedir que se atienda por un médico, clínica u hospital privado altamente personalizado, expedito, eficiente y eficaz y tratándose de pensiones y jubilaciones, reciben el último sueldo que tienen actualizado año con año con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, coincidente con lo señalado por el Dr. Santiago Levy.
Como se advierte hace un balance crítico de la política social en México y propone una solución viable y objetiva, pero sobre todo justa integralmente. En consecuencia, se propone que el sistema universal de salud, sea financiado preferentemente por el Impuesto al Valor Agregado, para lo cual se necesita hacer una reforma a la Ley del IVA, que aparece en el inciso E), de este comentario.
C) REFORMA EDUCATIVA
Es innegable que en materia de educación se ha hecho una profunda reforma educativa. En este tema, en mi opinión, todavía falta atender el problema de fondo y proponer de una vez por todas propuestas que reviertan por su última causa la educación en general. La educación en general se divide en dos grandes sectores: la educación que imparte el Estado y la educación que imparten las instituciones privadas; la primera representa el 65% y la segunda el 35%. El cambio sustancial sería el siguiente: a) El que debe recibir los beneficios de la educación es el educando, a través de un sistema de becas que se otorgarían en función de la condición socio-económica del educando; b) El Estado, de manera progresiva, dejaría de prestar el servicio educativo con una burocracia gigante (más de un millón y medio de maestros), que por su propia magnitud hace ineficiente y deficiente el servicio educativo; c) El grueso de las instituciones educativas, hoy llamadas públicas, se convertirían en instituciones educativas de interés público organizadas como asociaciones civiles colectivas; d) Desde luego, como sucede en casi todos los países del mundo, se mantendrían universidades públicas emblemáticas; e) En esas condiciones sería el Estado básicamente normativo y otorgaría las becas a los educandos que sería de 100%, en otros 80%, 70% y así sucesivamente, según su condición socio-económica; y f) Las escuelas primarias y secundarias serían de 8 horas diarias, que incluirían desayunos y comidas para los alumnos. Cierto que ahora con la reforma educativa tengo entendido que más de 30 mil establecimientos tienen su horario de tiempo completo, incluidos desde luego dichos alimentos. Con tales cambios de paradigma naturalmente que los maestros y alumnos se verían obligados a la excelencia académica, que desde luego no implica perfección, pero si una actitud de mejora sustancial en el desempeño de los propios maestros y también de los alumnos. La gratuidad del servicio educativo conlleva en su propio esquema la abulia, la ociosidad y el relajamiento del propósito que anima en su esencia a cualquier sistema educativo que es precisamente la calidad. Un enfoque y un cambio como el propuesto implican el rompimiento de sistemas organizativos y funcionales anquilosados, perniciosos y perversos, sobre todo injustos. En automático las instituciones de educación privada por la competencia que generaría el nuevo esquema, de entrada se verían obligadas a reducir significativamente las cuotas que cobran a sus alumnos. Actualmente dichas cuotas son muy altas que no se justifica en relación con el costo-beneficio que para el alumno representa. Finalmente, un enfoque como el propuesto es ver a la educación como el pilar y la columna vertebral del desarrollo de un país.
D) REFORMA LABORAL
Ciertamente es muy positivo que el salario mínimo se haya liberado del fardo y ancla con que estuvo siempre sujeto contra la inflación y como unidad de medida para operaciones financieras, multas, sistema de pensiones, entre otros casos. Actualmente, el salario mínimo ya está sujeto en todo caso a un mecanismo de mercado que logre lo que los economistas denominan “precio óptimo”. Lo desastroso pretender aumentarlo por decreto con criterios políticos. El salario, como los demás precios, debería ser fijado por la oferta y la demanda, pero como la demanda de trabajo es muchísimo mayor que la oferta el mercado juega en contra de los trabajadores. Prueba está que los sueldos de los que se encuentran en la alta esfera de los llamados ejecutivos son muchísimo más altos que los salarios del resto de los trabajadores, incluso de los trabajadores calificados, especialistas y hasta los profesionales. La solución a tal situación, como la tiene Alemania y otros países europeos es que en cada aumento de salarios dentro de las empresas la mitad se distribuya entre todos los trabajadores de la empresa por partes iguales (pari passu), en tanto que la otra mitad en proporción a su salario. De esta manera la diferencia de los sueldos que se encuentran en la posición jerárquica superior en relación con los que se encuentran en la base de la organización de las empresas se iría reduciendo gradualmente y, por ende, sus sueldos irían creciendo. Para lograr lo anterior, se tendría que hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, muy simple y sencilla. Estoy convencido que sobre esta base no hay nadie que en su sano juicio pudiera oponerse. Todos ganarían. Los salarios con ese mecanismo aumentarían pues si las empresas aumentan los sueldos de todos sus trabajadores aun cuando sólo sea sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, quiere decir que la empresa lo hace en función de la productividad. No obstante, ello es imperativo fijar como lo exige la Constitución, un salario mínimo digno, entendido por tal el que satisface sus necesidades vitales incluyendo el de recreación y cultura, excluyendo aquellos servicios de contenido social que el Estado otorga como son la educación, la salud y vivienda, que desde luego no pueden considerarse en la fijación del salario mínimo, éste debe fijarse con criterio de ponderación productiva diferenciado por sector (primario, secundario y terciario).
E) REFORMA FISCAL
Por último, ante la situación económica interna que está viviendo el país con un crecimiento magro, deuda pública que ya rebasa más del 50% del PIB, aumento de la pobreza y un descontento generalizado de la población en cuanto a la materia económica se refiere, el Grupo Parlamentario del PAN y quizás también el PRD, PRI, PVEM, MC, y es muy posible por la bondad de la reforma también se adhiera MORENA, presentarán en la Cámara de Diputados el próximo febrero ▬que inicia el segundo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión▬ dos iniciativas importantes en materia fiscal:
1.- Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos IX, primer párrafo; 78, fracción I, Cuarto párrafo y fracción II, tercer párrafo; 135, primer párrafo; 140, primero y segundo párrafo; 152 en su tarifa; 154, fracción III; y se adiciona un capítulo IX, al título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y
2.- Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Respecto de la primera ley se propone reducir la tasa del Impuesto sobre la Renta para hacerla competitiva, ya que en la actualidad es del 30%, proponiéndose una tasa del 25%.
Estados Unidos llevó a cabo una reforma fiscal por demás transcendental, cuya reforma la hizo el famoso economista Arthur Laffer, disminuyendo la tasa impositiva para las empresas y personas físicas del 35%, tasa mayor de una tasa regresiva al 21%.
Por lo que se refiere a personas físicas por sueldos y honorarios se propone disminuir las tasas aplicables en la tarifa correspondiente, ya que la tasa máxima actual que paga una persona es del 35%, en mi opinión, altamente onerosa y exorbitante.
Por ello, se propone que la tasa máxima sea del 25%, la cual sería acorde a la tasa corporativa de las empresas logrando que las personas tengan una mayor liquidez y ahorro. Desde luego también se propone disminuir los rangos de la tarifa para que sea más simple su aplicación, sobre todo más plana la tasa en rangos de ingresos.
Finalmente se propone disminuir la tasa de retención sobre intereses que no provengan del sistema financiero, al 15%, lo cual es acorde a la modificación a la tarifa aplicable a las personas físicas.
Por otro lado, se introduce un régimen optativo para las micros, pequeñas y medianas empresas a tasas sencillas y bajas. Dichas empresas serían administradas por las entidades federativas (Federalismo Fiscal) con efectos neutrales en participaciones.
Respecto de la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se propone disminuir la tasa general de 16% a 10%; eliminar la tasa “cero” en alimentos y medicinas, ▬las grandes empresas se les devuelve anualmente el equivalente a $300 mil millones de Pesos▬. Establecer una tasa de 3% para alimentos y medicinas, con una lista de alimentos naturales exenta. Fijar una tasa hasta 5% de impuesto al consumo para las entidades federativas.
Esta propuesta de reforma fiscal beneficia a todos: a) Al Gobierno porque podría destinar más recursos a gasto social e infraestructura; b) Con el federalismo fiscal las entidades federativas lograrían su independencia económica y, por ende, política; c) Los contribuyentes tendrían ahorros, podrían invertir en bienes duraderos y/o gastar en bienes de consumo que vendría a reactivar la economía interna de manera importante, estimando que si entrara en vigor dicha reforma fiscal el próximo año, los ingresos fiscales de la federación y de los Estados en el 2021, representarían aproximadamente el 25% del PIB y, por último, estimo que para ese año, el país estaría creciendo al 3.5% del PIB, aproximadamente.
