Leopoldo Reyes Equiguas *
Con la reforma del Artículo Tercero Constitucional, la cobertura en materia educativa es universal, todos tienen el derecho humano de acceder al sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar, básico y media superior, hasta el nivel superior.
Dicha aseveración no es un mero eufemismo, pues la Federación, estados y municipios incluyendo a la Ciudad de México, deberán garantizar el ingreso al nivel que corresponda, con la complejidad inherente considerando la capacidad instalada versus demanda educativa de la población.
Considerando el aforo que las instituciones y universidades públicas deberán mantener para dar cabida a los niños y jóvenes en los diversos niveles educativos requeridos, la reforma al artículo citado no solamente trata de privilegiar a la universalidad de los servicios, de igual manera el segundo párrafo adicionado al numeral comentado, establece que la educación que proporcione el Estado deberá ser obligatoria, inclusiva, pública, gratuita y laica, lo que trae consigo otros aspectos que se deben analizar.
Los elementos o características de la educación impartida por la Federación o las entidades federativas, siempre ha sigo gratuita, pero ahora se menciona también la educación superior obligatoria y por ende gratuita, por lo que, si revisamos, históricamente han existido diversos conflictos entre estudiantes y autoridades universitarias, cuando éstas últimas han intentado implementar incrementos de cuotas.
Esto ha generado el descontento entre estudiantes, quienes argumentaban que la educación proporcionada por el Estado es gratuita, y por tanto, no sólo no se puede incrementar, sino que no debería cobrarse cuota alguna, a lo que las autoridades han respondido que dicha gratuidad era solamente hasta el nivel de media superior, pero con esta reforma queda más que claro que la obligación de los gobiernos federal y estatales, es garantizar la educación desde prescolar hasta nivel superior de forma gratuita.
Ya veremos qué sucederá cuando las instituciones de enseñanza superior pretendan actualizar o incrementar las cuotas que aun siendo bajas, existen y se siguen cobrando, ya que las experiencias que se han vivido, por ejemplo en la máxima casa de estudios, han provocado paros por diferencias en cuanto el alcance de la gratuidad de los estudios universitarios.
Volviendo al tema de la capacidad instalada, las intenciones son buenas; sin embargo, no hay los suficientes espacios en las universidades del país para todos los aspirantes, basta ver la estadística de rechazados en los exámenes de admisión en la UNAM, Politécnico, UAM entre otras.
Se deberán habilitar muchos más planteles si en verdad se pretende contar con una cobertura universal de los servicios educativos, pero igual que sucede en otros rubros como el de salud, no se ve que los recursos públicos alcancen, más aún si vemos que los recortes presupuestales impactan en primer término a los mencionados servicios.
Esperemos por el bien de la juventud mexicana, que el derecho humano a la educación, se convierte en la práctica en una realidad, y no solo en una simple aspiración social.
*Rector de la Universidad Latina (UNILA)
