Fauzi Hamdan Amad
Conforme al Artículo 89, Fracción I, de nuestra Constitución, el Presidente de la República tiene la atribución de “proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de las leyes”.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada aplica y ejecuta, a través de la función administrativa, más de 110 Leyes Federales y/o Nacionales Administrativas, que suman aproximadamente dos millones y medio de servidores públicos que realizan su función ordinaria, de los cuales un millón y medio son Maestros, la Guardia Nacional integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal asciende a cuatrocientos mil servidores públicos aproximadamente, el Sector Salud a trescientos mil aproximadamente y el resto de los servidores públicos que integran las demás Dependencias de la Administración Centralizada y Descentralizada, prestan los servicios públicos a través de actos administrativos según la materia de cada Ley.
En dicho contexto en los 7 meses que lleva en el poder el Presidente de la República ha tomado decisiones personales socavando instituciones vitales de manera grave que ha dado lugar a que estemos en estancamiento económico en proceso de recesión. Me voy a referir a las principales acciones de este Gobierno cancelando o eliminando instituciones que beneficiaban a la sociedad:
A.- La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco ha costado aproximadamente $140 mil millones de pesos y el costo mayor es dejar de tener un aeropuerto digno para nuestro país. Sin embargo, por fortuna se han interpuesto amparos que han dado lugar a suspensión definitiva con el efecto de que en el nuevo aeropuerto en Santa Lucía no se realice ningún trabajo hasta que se tengan aprobados por las autoridades el proyecto ejecutivo, la manifestación de impacto ambiental, permisos, autorizaciones, principalmente la seguridad aérea. Adicionalmente, se ordenó que las obras que se realizaron en Texcoco, se les dé mantenimiento. En el nuevo aeropuerto en Texcoco, ya llevaban las 3 pistas y la terminal un avance de 40%.
B.- Se dispuso del fondo minero, el cual fue creado con motivo de la Reforma Energética, a fin de que los Municipios en donde están ubicados los yacimientos mineros en explotación, las empresas pagaran e invirtieran en obras de infraestructura.
C.- Se extinguió el Consejo de Promoción Turística con sus graves consecuencias de promoción del turismo que es una de las fuentes de ingresos para el país más importante.
D.- Igualmente, se eliminó del Presupuesto de Egresos para este año el apoyo a los pueblos mágicos.
E.- En materia del petróleo las decisiones han sido mucho más graves. Nuestro país en el Norte tiene reservas probadas de gas natural o gas Shell incluso mayores que las de Estados Unidos y la razón por la que no se ha licitado esa enorme zona para su explotación es que se causa daños al medio ambiente lo cual es una falacia. También se suspendieron las licitaciones para aguas profundas donde el potencial del petróleo es enorme. Asimismo, exceptuando Coatzacoalcos en donde está Pemex asociada con una petroquímica para producir todos los productos petroquímicos básicos, incluyendo la gasolina, las demás refinerías no se han asociado con petroquímicas privadas con las graves consecuencias que esto trae aparejado. Como es del conocimiento público actualmente importamos petroquímicos para la industria en general por cantidades altísimas, más o menos $120 mil millones de dólares anuales; a cambio, sigue el proyecto de una nueva Refinería en Dos Bocas, con costos altísimos.
F.- Violando la ley de manera flagrante se cancelaron las guarderías infantiles a cambio de darles a las madres mensualmente una cantidad promedio de $1,500.00 pesos mensuales.
G.- El señor Presidente se fijó un sueldo no mayor de $140 mil pesos y se expidió una ley violentando el procedimiento legislativo para reducir las remuneraciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Prácticamente la Administración Pública ha reducido su personal en forma significativa despidiendo personal altamente calificado en el desempeño de su función administrativa. Están en trámite muchas demandas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
H.- Se canceló el Programa Prospera el cual era un programa de varios sexenios que vinculaba la educación, la salud y la alimentación.
I.- Desapareció el Instituto Nacional de Emprendedores, sustituyendo a dicha institución, por dinero directamente entregado o por entregarse a los potenciales emprendedores.
Todo esto se ha hecho al margen de la Constitución y de las leyes que regulan dichas actividades.
Todas estas decisiones han sido impugnadas por los afectados por la vía del amparo que finalmente serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una palabra, todo está judicializado y hay fundadas esperanzas que todas estas decisiones se reviertan por ser contrarias a la Constitución y a las leyes reglamentarias.
Por último, requiere de un tratamiento especial el tema de la salud en general, el cual fue objeto de comentario especial el 3 de junio pasado. Sin embargo, por su extrema importancia y trascendencia a continuación vuelvo a repetirlo íntegramente.
En relación con el tema de salud en general, nadie pone en duda que los servicios del sector público de salud han sido insuficientes, deficientes e inoportunos en la atención al público usuario, y ahora sufrimos desabasto y sobreprecios de muchos medicamentos, habiendo sido multadas severamente por COFECE varias farmacéuticas. En el discurso el Presidente de la República ha mencionado querer igualar el sistema de salud con el de Canadá, Dinamarca o el de Noruega, pero la realidad que hasta el momento prevalece pareciera en sentido contrario, como bien afirma el Exsecretario de Salud Julio Frenk. El sector salud está atravesando hoy en día por una crisis severa y grave, tal como lo apuntó certeramente Germán Martínez al renunciar a la Dirección General del IMSS. Por ello, es menester un cambio radical en la política de salud como en las palabras del Presidente López Obrador, para alcanzar los niveles de Dinamarca, Canadá, Noruega, entre muchos otros países. La Ley del Seguro Social (IMSS), prevé la subrogación de los servicios de salud a hospitales y clínicas privadas que pueden prestar los servicios a los derechohabientes. Eso se llama nacionalizar los servicios de salud, sin mengua de que continúen las instituciones públicas de salud emblemáticas, en donde se desarrollan ampliamente investigaciones con el apoyo gubernamental. En nuestro país, por cierto, de reconocimiento internacional tenemos instituciones de salud pública de gran prestigio como lo son el Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Siquiatría, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Oncología, Instituto Nacional de Neurología, etc., y muchos hospitales públicos.
Conforme al estudio del Dr. Santiago Levy, quien fuera Director del IMSS durante el gobierno del Presidente Fox, en la actual política social todos salen perdedores. Su propuesta es un seguro universal a todos los trabajadores que incluya pensión digna, salud, seguro de vida, seguro de invalidez y seguro de desempleo. Las ventajas son innegables: el derechohabiente escoge la clínica o médico de su confianza, la atención es personalizada y oportuna.
Los servicios de salud en cuanto al costo bruto aproximado, de acuerdo con el Dr. Santiago Levy sería del 5% del PIB, aproximadamente.
El PAN presentará una Reforma Fiscal Integral que incluye el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, con tasas simples, sencillas y bajas, para adoptar el Federalismo Fiscal. Me voy a concretar al Impuesto al Valor Agregado, por la importancia que tiene para el sistema de salud. Se propone bajar la tasa de 16% a 10%, eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas (actualmente a las grandes empresas se les devuelve dicho impuesto, equivalente anualmente a más de $300 mil millones de pesos), fijar una tasa de 3% en alimentos y medicinas, y una lista de alimentos naturales exentos.
Asimismo, los Estados podrán imponer hasta el 5% de impuesto al consumo.
La idea en el fondo, de acuerdo con el Dr. Santiago Levy, es que todo lo que se refiere a la política del sector salud sea financiada primordialmente por el Impuesto al Valor Agregado. Incluso a través del Impuesto al Valor Agregado también cabría financiar al sector educativo, ambas instituciones son la columna vertebral de un Estado, que pretenda desarrollarse y crecer económica y socialmente hablando.
