- Regulación para control político: Jufed
- Oferta Limitada de Vivienda
- Fonatur, venta directa de lote
Agustín Vargas *
Por estos días y hasta el 21 de agosto se lleva a cabo la consulta pública en distintas plazas de la República Mexicana sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, mismos que fueron publicados hace un par semanas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), mismos que en voz de abogados, especialistas, politólogos, empresarios de medios de comunicación y periodistas tienen la clara intención de coartar la libertad de expresión y de prensa, consagrados en nuestra Constitución Política.
México tiene un gobierno que se jacta de ser pleno y auténticamente democrático, emanado de la lucha por la defensa de los derechos sociales, entre ellos las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, las contradicciones políticas en el mismo aparato gubernamental han sido la constante en los últimos ocho años, tiempo que llevan los gobiernos morenistas en el poder.
Como si no fuera suficiente tener en México grandes rezagos sociales, con un desempleo galopante, economía informal al alza, un sector salud sin medicinas e infraestructura insuficiente y un sector educativo secuestrado por gavillas sindicales solapadas desde las altas esferas del poder que impiden el avance la educación en el país, el gobierno pretende ahora ser el poseedor absoluto de la verdad.
Lo han advertido los especialistas: Ningún gobierno que se jacte de ser auténticamente democrático debe tomar en sus manos el término verdad, pues eso le quita su carácter democrático y lo acerca a la autocracia. Lo que muchos ven en los mentados lineamientos para garantizar la protección de los derechos de las audiencias es un mecanismo de censura.
Entre otros puntos, los lineamientos propuestos desde el órgano regulador incluyen el no difundir información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”, distinguir información de opinión, distinguir publicidad de contenido, garantizar el derecho de réplica y considerar a las audiencias con discapacidad.
Contemplan como obligatorio que los medios cuenten con un código de ética y que designen defensores de las audiencias, mismos que se encargarán de atender las posibles quejas y emitir recomendaciones en caso de que se vulneren derechos.
En el caso de que las quejas no se atiendan o que la audiencia no considere restituidos sus derechos, la CRT podrá imponer sanciones y multas económicas que pueden ascender hasta el 1% de los ingresos de la empresa infractora.
Jurídicamente, la mencionada iniciativa, además de tener muchas inconsistencias, vulnera los derechos consagrados en los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Regulación para control político: Jufed
De acuerdo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la búsqueda de regular las pautas editoriales de los medios de comunicación incurre en una delicada extralimitación que vulnera el artículo sexto de la Constitución.
Apunta que la propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que “restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, riesgo diametralmente opuesto al listado de motivos con el que se le dio luz verde originalmente.
Aunado a esto, la Jufed señaló que la iniciativa de la CRT trasgrede la neutralidad institucional, debilita el equilibrio de poderes y convierte la regulación en un instrumento de fiscalización y control político.
Y es que, aunque el proyecto se presenta como algo relativamente inocuo y de alcances acotados, el contexto en el que la Cuarta Transformación decide traer a las audiencias al centro de la discusión pública despierta suspicacias
Sólo el tiempo determinará si las advertencias sobre los lineamientos realmente harán efecto o si, como suele ser costumbre, la participación ciudadana queda relegada a mero trámite para posteriormente aprobar la iniciativa sin modificaciones, como se espera a partir del uno de septiembre cuando entra en sesiones el Congreso de la Unión.
Lo seguro es que, frente a un oficialismo que opera constantemente en papel de víctima, que busca blindarse por todos los medios y ahora pretende ser el poseedor de la verdad absoluta, así coaccionar a quienes digan lo contrario, defender el disentimiento es fundamental.
Oferta Limitada de Vivienda
La calificadora internacional de valores Fitch Ratings considera que el crecimiento continuo de los precios de la vivienda en México refleja un desequilibrio persistente entre una oferta limitada y una demanda resiliente.
Estima que la apreciación se modere frente a los niveles máximos observados en 2022 y 2023, aunque debería mantenerse por encima de la inflación, lo que respaldará los valores de recuperación de las transacciones de valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS; Residential Mortgage-Backed Securities) existentes, al tiempo que seguirá limitando la originación de nuevas hipotecas y la emisión de bursatilizaciones.
De acuerdo con su reciente reporte, Fitch espera que los precios de la vivienda en México aumenten en un rango de entre 7% y 8% en 2026 y cita recientes datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que muestran que el índice nacional de precios de la vivienda aumentó 8.9% en 2025 y 8.7% anual al 1T26, alineado en general con esta proyección.
Destaca que la persistente escasez de vivienda, una actividad de construcción débil y los costos altos de materiales y mano de obra continúan limitando el desarrollo de nuevos proyectos, aunque las iniciativas gubernamentales para promover la vivienda asequible podrían respaldar una recuperación gradual de la oferta en el mediano plazo.
Fonatur, venta directa de lotes
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció el pasado lunes la venta directa de lotes en Huatulco, Ixtapa, Loreto y Los Cabos, “acción institucional orientada a emplear de manera responsable, eficiente y transparente el patrimonio del Gobierno de México, promover la inversión productiva y fortalecer el desarrollo regional con una visión de largo plazo”.
Con ello, el Fonatur pone a disposición de las personas interesadas predios estratégicos en destinos turísticos consolidados. Cada lote cuenta con un expediente técnico y legal completo que acredita la propiedad y el uso de suelo autorizado, lo que brinda seguridad patrimonial y certeza jurídica.
Según el organismo, esta iniciativa busca impulsar la inversión hacia regiones clave del país, mediante un proceso abierto, ágil y transparente para personas físicas y morales; además, explicó, integra herramientas tecnológicas y medidas de simplificación administrativa que eliminan cargas burocráticas y garantizan igualdad de condiciones para todos los participantes.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
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