FGR: ¿modernización o instrumento del estado?
Norberto Vázquez
El proyecto se oye modernizador, el cual busca actualizar a la institución para fortalecer la coordinación con otras autoridades y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para beneficio de la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este 17 de abril de 2026 su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. Una especie de hoja de ruta que plantea transformar de fondo el sistema de investigación y persecución de delitos en el país.
Durante su presentación, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el documento ya fue entregado al Senado de la República para su análisis y dictaminación, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, conforme a lo establecido por la ley.
Se escucha muy bien en el papel y en el discurso. ¿Pero y en los hechos? Hay casos recientes que demuestran que la FGR seguirá sirviendo para vendettas políticas como en los viejos tiempos del PRI y el PAN. Nada nuevo en los tiempos de la trasformación. Unos casos. El 4 de agosto de 2025 fue asesinado Ernesto Vázquez Reyna, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas. El ataque ocurrió en el Bulevar Miguel Hidalgo, en Reynosa, una de las zonas más transitadas de la localidad.
El funcionario viajaba solo en una camioneta negra blindada cuando fue interceptado por un grupo armado. Los atacantes lanzaron una granada de fragmentación contra el vehículo, lo que provocó que este se incendiara. Tras salir de la unidad herido y aturdido por la explosión, Vázquez Reyna fue rematado a quemarropa con disparos de armas de alto calibre por sicarios que descendieron de otro vehículo.
El crimen desató una ola de violencia en Reynosa. Fuentes de la FGR apuntaron a que el atentado fue en represalia del crimen organizado por un decomiso de más de 1.8 millones de litros de combustible robado (huachicol) en una operación federal liderada por el delegado.
Días después del ataque, las autoridades informaron sobre la vinculación a proceso de un presunto responsable identificado como Jareth Roberto “N”, capturado en un centro de rehabilitación con armas largas y cargadores. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, condenó enérgicamente el asesinato y ofreció la total colaboración de las fuerzas estatales para esclarecer el caso el cual fue atraído por la FGR debido a la investidura federal de la víctima. Hasta ahí se ha quedado el asunto.
De manera reciente la FGR citó a declarar a cerca de 50 personas que participaron en un operativo realizado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde murieron dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
El operativo tuvo lugar el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un narcolaboratorio. Tras el operativo, hubo un accidente carretero que resultó en la muerte de dos funcionarios de la entidad y dos ciudadanos estadounidenses, lo cual destapó la presencia de la CIA en el estado.
El hecho fue dado a conocer el 19 de abril por el entonces fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien por el caso renunció al cargo el 27 de abril pasado.
De acuerdo con autoridades, las comparecencias forman parte del avance de la investigación para esclarecer lo ocurrido durante el desmantelamiento de este narcolaboratorio.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado, gobernado por la panista María Eugenia Campos, se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable.
Otro caso. El un documento oficial emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Sinaloa vivía bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya es un “narcoestado”. Los cinco cargos están dirigidos contra Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia); al senador y exsecretario general Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito; al alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil; y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.
La investigación “paralela” de la FGR no ha citado a nadie. ¿Por qué levantar sus suspicacias? Ni en el caso de su agente asesinado en Tamaulipas, ni en la investigación propuesta por Estados Unidos ha solicitado la comparecencia de 50 personas como en el caso Chihuahua.
Se necesita credibilidad en las instituciones. Si la FGR ya no es un instrumento de venganzas, que se demuestre.
