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México 2030: el costo de no crecer

Mario Sandoval

Alejandro Werner lanzó recientemente una advertencia que merece mucho más atención de la que probablemente recibirá: si México mantiene el ritmo de crecimiento económico observado en los últimos años, podría tardar décadas —incluso alrededor de 80 años— en duplicar el tamaño de su economía.
No es una opinión proveniente de alguien ajeno a la conducción económica del país.

Werner es economista por el ITAM y doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En Banco de México trabajó en investigación económica y posteriormente fue Director de Estudios Económicos. Entre 2003 y 2006 encabezó la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y, de diciembre de 2006 a agosto de 2010, fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Más adelante dirigió la banca corporativa y de inversión de BBVA Bancomer.

Su experiencia internacional es igualmente relevante: entre enero de 2013 y agosto de 2021 dirigió el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, responsable del análisis de las economías de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Actualmente encabeza el Georgetown Americas Institute.

Es decir, conoce desde dentro la política fiscal mexicana, la política monetaria, el sistema financiero y el funcionamiento de las economías latinoamericanas.
Por eso vale la pena tomar en serio su diagnóstico.
Pero también llevarlo un paso adelante.
La pregunta no es solamente cuánto tardaría México en duplicar su economía.
La pregunta verdaderamente incómoda es:
¿qué México tendremos en 2030 si seguimos creciendo alrededor de 1% o 2% anual?
Crecer 1% no es estabilidad
Una economía puede evitar técnicamente una recesión y, sin embargo, permanecer prácticamente estancada.
México tiene crecimiento demográfico, incorporación de jóvenes al mercado laboral, mayores necesidades de infraestructura, pensiones crecientes, programas sociales, gasto en salud, educación y seguridad, además de enormes requerimientos financieros en Pemex.

Por ello, crecer 1% anual no significa simplemente crecer poco.
Significa que el pastel aumenta mucho más lentamente que las obligaciones que se pretenden financiar con él.
La diferencia es fundamental.
Un país que crece sostenidamente 4% puede incrementar salarios, recaudación e inversión sin necesariamente elevar las tasas fiscales.
Uno que crece 1% termina disputándose la misma base económica.

Y entonces aparecen las preguntas que México tendrá que contestar antes de 2030.
¿Quién financiará las pensiones?
¿Quién financiará los programas sociales?
¿Quién financiará Pemex y CFE?
¿Quién financiará los estados y municipios?
¿Y de dónde saldrá el dinero si empresas, inversión y empleo formal no crecen al mismo ritmo?

El T-MEC: de certeza a revisión permanente. México tiene una ventaja extraordinaria que ninguna política pública creó: aproximadamente 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la mayor economía y el mayor mercado de consumo del planeta.
Durante décadas construimos alrededor de esa geografía una gigantesca plataforma manufacturera.
Automóviles, autopartes, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, maquinaria y innumerables cadenas productivas cruzan diariamente la frontera.
Por eso el futuro del T-MEC es mucho más importante que una negociación comercial.
Aquí debemos hacer una precisión.
El tratado no necesariamente desaparecería si sus integrantes no acuerdan extenderlo durante su revisión. El propio mecanismo permite revisiones posteriores, incluso anuales.
Y precisamente ahí está el riesgo.
Un T-MEC jurídicamente vigente pero políticamente revisable cada año podría convertirse en una fuente permanente de incertidumbre.

Para una empresa que decide dónde construir una planta de mil millones de dólares, la pregunta no es qué arancel pagará el próximo martes.
La pregunta es cuáles serán las reglas durante los próximos 10 o 20 años.
Si cada año pueden reabrirse disputas sobre energía, automóviles, acero, aluminio, agricultura, contenido regional, inversión china, reglas laborales o seguridad fronteriza, aumenta la prima de riesgo de México.
No necesariamente se van las empresas.
Pero algunas inversiones se posponen.
Otras disminuyen.
Y otras terminan en Texas, Arizona o algún otro estado estadounidense.

El otro gran motor que México no controla. Existe además un gigantesco estabilizador del consumo mexicano que tampoco depende del gobierno mexicano:
las remesas.
Decenas de miles de millones de dólares enviados anualmente desde Estados Unidos terminan directamente en los bolsillos de las familias mexicanas.
No son una estadística abstracta.
Son alimentos.
Materiales de construcción.
Automóviles usados.
Medicinas.
Ropa.
Restaurantes.
Transporte.
Pequeño comercio.
Vivienda.
Por eso las remesas tienen un efecto particularmente visible sobre el consumo regional.
Durante años han funcionado como una especie de política social financiada desde Estados Unidos.
Pero sería peligroso suponer que crecerán indefinidamente.
Una política migratoria estadounidense más restrictiva, mayor control sobre trabajadores indocumentados, cambios en el mercado laboral o mecanismos adicionales sobre las transferencias pueden alterar su trayectoria.
No estoy pronosticando que desaparecerán.
Estoy diciendo algo diferente:
México no controla una de sus principales fuentes externas de consumo interno.
Y eso constituye un riesgo.

Millones dependen también del presupuesto. Existe después el enorme universo de programas sociales.
Pensiones para adultos mayores, becas, apoyos a jóvenes, personas con discapacidad, productores y múltiples programas federales y locales alcanzan a decenas de millones de mexicanos.
A ello debemos agregar millones de personas cuya remuneración proviene directa o indirectamente del sector público federal, estatal y municipal.
No debemos confundir ambos universos ni sumarlos mecánicamente porque existen hogares que participan en más de uno.
Pero económicamente plantean el mismo problema:
una parte considerable del ingreso disponible de los hogares mexicanos está relacionada con transferencias o remuneraciones financiadas por el Estado.
Los programas sociales pueden redistribuir ingreso.
Lo que no pueden hacer por sí mismos es producirlo.
Para distribuir primero hay que generar.
Y ahí aparece el límite fiscal.
El ISR puede convertirse en el termómetro
México ha conseguido elevar considerablemente la recaudación durante los últimos años mediante mayor fiscalización, digitalización y eficiencia del SAT.
Eso tiene límites.
Cuando los ingresos por ISR comienzan a ubicarse por debajo de lo presupuestado, no debe analizarse únicamente como un problema administrativo.
Puede ser también una señal económica.
El ISR depende finalmente de utilidades empresariales, salarios, actividad económica y formalidad.
El SAT puede cobrar mejor.
Puede cerrar espacios de evasión.
Puede fiscalizar más agresivamente.
Pero no puede crear utilidades donde no existen.
La recaudación tiene un límite natural: el tamaño y rentabilidad de la economía que la genera.

Si hacia 2030 el gasto obligatorio continúa creciendo mientras el PIB permanece alrededor de 1% o 2%, el gobierno tendrá solamente algunas alternativas: aumentar impuestos, incrementar deuda, reducir otros gastos o presionar todavía más a los contribuyentes formales.
Ninguna sustituye al crecimiento.

Estados Unidos cambió la conversación. Existe otro cambio que México debería observar sin nacionalismos inútiles.
Para Estados Unidos, comercio, migración, fentanilo, seguridad y crimen organizado están cada vez más relacionados.
Washington ha elevado significativamente la presión contra organizaciones criminales mexicanas y ha utilizado diferentes instrumentos diplomáticos, financieros, migratorios y judiciales.
Entre ellos se encuentra la cancelación o restricción de visas.
Una visa estadounidense no constituye un derecho y su cancelación tampoco demuestra por sí misma responsabilidad penal.
Pero políticamente manda una señal.
Washington está estableciendo líneas cada vez más claras respecto de funcionarios, políticos, empresarios y otros actores que considera problemáticos para sus intereses.
México puede cuestionarlo diplomáticamente.
Lo que no puede hacer racionalmente es ignorar el cambio.
Porque nuestra relación con Estados Unidos ya no puede analizarse exclusivamente desde comercio.

Seguridad y economía comenzaron a formar parte de una misma negociación.
Y falta el Estado de derecho.
México puede ofrecer mano de obra competitiva.
Puede tener tratados comerciales.
Puede estar junto a Estados Unidos.
Pero una inversión necesita algo más.
Electricidad.
Agua.
Carreteras.
Puertos.
Seguridad.
Financiamiento.
Y certeza jurídica.
Cuando ejecutar una garantía tarda años, cobrar una sentencia se convierte en una carrera de obstáculos o las reglas cambian durante la inversión, todo eso termina incorporándose al costo del capital. El Estado de derecho también es infraestructura económica.

¿Qué hacer de aquí a 2030?
El empresario mexicano no debería esperar a que el entorno cambie.
Sector financiero. El crédito tendrá que regresar a sus fundamentos: flujo, capital, garantías ejecutables y capacidad real de pago. En una economía débil será particularmente peligroso financiar empresas únicamente sobre expectativas de crecimiento.
Comercio. Habrá que vigilar mucho más el ingreso disponible de las familias. Remesas, empleo formal, inflación y transferencias gubernamentales serán indicadores tan importantes como las ventas históricas. Inventarios y apalancamiento tendrán que manejarse con mayor disciplina.
Agronegocios. México conserva una oportunidad extraordinaria. Producimos junto al mayor mercado alimentario del mundo. Pero agua, tecnología, trazabilidad, sanidad, almacenamiento y logística refrigerada serán determinantes. El productor que continúe pensando exclusivamente en hectáreas y toneladas tendrá dificultades frente al que piense en cadenas completas de valor.
Industria. El objetivo debe ser aumentar contenido regional y reducir vulnerabilidades frente a posibles restricciones estadounidenses sobre componentes provenientes de China u otros países. El nearshoring no debe consistir únicamente en ensamblar en México. Debe generar proveedores mexicanos y norteamericanos.
Sector empresarial en general. Liquidez, menor apalancamiento, productividad, diversificación de clientes y defensa jurídica de los activos serán fundamentales.

La geografía no basta
México sigue teniendo una posición excepcional.
Una frontera de 3,200 kilómetros con Estados Unidos.
Una industria exportadora sofisticada.
Experiencia manufacturera.
Recursos naturales.
Agricultura competitiva.
Una población laboral considerable.
Tratados comerciales.
Y una integración económica con Norteamérica construida durante más de tres décadas.
Por eso resulta todavía más preocupante crecer tan poco.

Alejandro Werner advierte que, manteniendo el ritmo reciente, México podría tardar alrededor de ocho décadas en duplicar su economía.
Pero quizá ésa no sea la cifra que debería preocuparnos más.
La verdadera pregunta es qué sucede mientras esperamos.
Porque las pensiones deberán pagarse.
Los programas sociales deberán financiarse.
Los servidores públicos cobrarán sus salarios.
Pemex y CFE seguirán requiriendo recursos.
Los estados y municipios necesitarán participaciones.
Las familias continuarán consumiendo.
Y las empresas seguirán pagando impuestos.
Todo ello necesita una economía que produzca cada vez más.
No podemos confundir redistribución con crecimiento.
Ni remesas con política económica.
Ni recaudación con generación de riqueza.
Ni estabilidad con prosperidad.

México no está condenado a crecer 1%. Pero si llegamos a 2030 dependiendo cada vez más del gasto público, las transferencias y las remesas, con inversión privada débil, incertidumbre anual alrededor del T-MEC y un Estado de derecho cuestionado, habremos desperdiciado una oportunidad histórica.
La frontera con Estados Unidos ya está ahí. El mercado también.
Lo que México necesita no es administrar mejor el bajo crecimiento.
Necesita volver a crecer.

CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.